El presidente de Grupo Irosa-Samaca, Rogelio López, comparecía este jueves en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Clúster da Pizarra de Galicia tras darse a conocer el posible desahucio de 2 pizarreras en Carballeda de Valdeorras (Ourense)
Rogelio López, presidente del Grupo Irosa-Samaca, confía en que se pueda encontrar una solución para evitar el "injusto" desahucio de estas pizarreras de Valdeorras (Ourense), previsto para el 29 de noviembre,y poder "manetener el empleo".
En rueda de prensa este jueves en la sede del Clúster da Pizarra de Galicia, ha realizado un relato cronológico de los hechos que han derivado en la actual situación que afrontan las empresas que preside. En 1968, con la constitución de la cooperativa Samaca, se compraron las primeras fincas en O Trigal para el almacén de la pizarra, en su mayoría a vecinos del pueblo.
Siete años más tarde, la que hoy es Irosa comenzó a comprar otras fincas en el lado sur de la carretera para construir la primera nave de elaboración de pizarra. A medida que fue creciendo, siguió comprando los terrenos que necesitaba. En el año 1977, con anterioridad a que los montes fueran clasificados como comuneros, Irosa, Samaca, Pizarras Vianzola y Capimor llegaron a un acuerdo con los vecinos del pueblo en virtud del cual, a cambio de costearles las obras de abastecimientos de agua para los pueblos de Portela y Trigal, estos le cedían por tiempo indefinido los terrenos necesarios para las industrias.
Con el paso del tiempo, según relata el presidente, dado que la ley de montes no permite arrendar terrenos por más de 11 años, "se llegó a un acuerdo con los vecinos para establecer unos contratos de arrendamiento, legalizar la situación y que el pueblo tuviera unos ingresos". En ese contrato, se especificaba que las fincas particulares, compradas con una anterioridad de 40 o 50 años, quedaban excluidas del arrendamiento.
En el caso de Irosa, Samaca y Trevinca, antes Vianzola y hoy propiedad de Irosa, finalizaron los contratos el 1 de enero de 2015. Las condiciones que se pedían eran que todas las fincas particulares pasaran a ser propiedad del pueblo. Unos terrenos que incluían 14 edificaciones --entre fábricas, almacenes, oficinas, comedores y talleres--. Además, se demandaba establecer un nuevo contrato por cinco años, no expropiar los terrenos y pagar una renta cinco veces superior a la que el grupo de empresas tenía previamente, entre otras cuestiones que el Grupo Irosa-Samaca dice que no podían aceptar.
Recordemos que el pasado enero se daba a conocer la situación que generaba una importante polémica en la localidad de Carballeda de Valdeorras. Al respecto, la Junta de Montes de Portela-Domiz reclamaba dichos terrenos, los que albergan ambas pizarreras, al no haber llegado a un acuerdo de alquiler con las empresas Irosa y Samaca.
En esta línea, el responsable del CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, afirmaba que "estaremos con la gente más afectada, los trabajadores". Sin embargo, aún existía la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la fecha marcada por el Juzgado, y así evitar el paro a 300 trabajadores del sector de la pizarra.