La Audiencia Provincial de León tenía prevista para este lunes, 3 de marzo, el inicio del juicio contra ocho integrantes de la organización criminal más activa de Europa que voló con explosivos un cajero en Toral de los Vados en diciembre de 2020; para ellos la Fiscalía pide 23 años por hasta seis delitos.
Sin embargo, el inicio del juicio se ha aplazado a este martes debido a que uno de los acusados, que cumple condena en la prisión de Lérida, había sido trasladado a la cárcel de Teixeira, en A Coruña, para acudir a la vista oral por otro delito. Esto provocó que el acusado no pudiera encontrarse este lunes en la prisión de Mansilla de las Mulas, donde llegará en cuestión de horas.
Según la información publicada por Radio Bierzo, este hecho ha provocado el aplazamiento del juicio hasta este martes, 4 de marzo, cuando dará comienzo el inicio de la vista oral contra la banda criminal.
Recordemos que las ocho personas están acusadas de tenencia ilícita de explosivos (6 años de prisión), delito de robo de uso de vehículos a motor (5 años de prisión), delito de robo con fuerza (5 años de prisión), delito continuado de daños (24 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros), delito de falsedad en documento oficial cometido por particulares (2 años de prisión y 12 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros) y delito de pertenencia a organización criminal (5 años de prisión); todos ellos hacen un monto de 23 años de cárcel.
Pero los acusados no sólo se enfrentan a penas de prisión, sino también a una importante compensación económica a:
- La aseguradora CASER en la cuantía de 169.416,25 euros por el dinero abonado a sus asegurados por los daños y perjuicios causados.
- La aseguradora REALE en la cuantía de 4.083,66 euros por el dinero abonado a sus asegurados por los daños y perjuicios causados.
- La aseguradora ALLIANZ en la cuantía de 18.939,04 euros por el dinero abonado a sus asegurados por los daños y perjuicios causados.
- La aseguradora RGA en la cuantía de 133.818,93 euros por el dinero abonado a sus asegurados por los daños y perjuicios causados.
- La entidad CAJA RURAL DE ASTURIAS en la cuantía de 6.000 euros por los perjuicios causados en una sucursal.
- La entidad CAJA RURAL GALLEGA en la cuantía de 5.677,40 euros por los perjuicios causados en una sucursal.
- La entidad CAJA RURAL GALLEGA en la cuantía de 1.994,40 euros por los perjuicios causados en una sucursal.
- La entidad LIBERBANK/UNICAJA en la cuantía de 3.000 euros por los perjuicios causados en una sucursal.
- La empresa HIPERGAR, S.L. en la cuantía de 415 euros por los perjuicios causados.
- En la cuantía de 2.726,08 euros por los daños causados en el vehículo Alfa Romeo Giületta, a quien resulte ser su titular en el momento de comisión de los hechos.
- La empresa PIENSOS NACHO por los daños causados en el vehículo Peugeot Partner, por los daños causados en la nave y por los bienes sustraídos en la cuantía que resulte de su tasación.
- La empresa TALLERES ANTONIO OTERO, S.L.U en la cuantía que resulte de la tasación por los bienes sustraídos.
En 2022 Guardia Civil, en coordinación con las policías de Bélgica y Rumanía, mediante la denominada operación BERTHELOT, consiguió desarticular una de las organizaciones criminales más activas a nivel europeo, en lo que al robo a entidades bancarias mediante el uso de explosivos se refiere. Recordemos que esta banda actuó en la Comarca en diciembre de 2020, cuando a través de su modus operandi volaron con exposivos el cajero de un banco en Toral de los Vados.
Este grupo delictivo estaba especializado en violentar los cajeros automáticos (ATM) de estas entidades, habiendo perpetrado 22 ataques en diferentes países europeos desde 2019.
En lo que a España se refiere, la investigación se inicia en 2020 tras un ataque con explosivos sobre una sucursal bancaria en el municipio berciano de Toral de los Vados, cuya manera de proceder seguía unos patrones idénticos a hechos similares producidos en otros países europeos, como era el hecho, además del uso de un determinado explosivo, de utilizar un vehículo sustraído para llevar a cabo el ataque a la entidad y abandonarlo posteriormente rociando íntegramente su interior con un extintor para impedir cualquier identificación de sus autores.
Debido a la cantidad de explosivo utilizado, los autores causaban graves daños estructurales en los inmuebles en los que se ubicaban los cajeros asaltados, así como en el resto del edificio donde se alojaba. Hechos que causaban una gran alarma social y sensación de inseguridad, más si cabe en localidades pequeñas.
Dada la gravedad de los ilícitos y una vez constatada la posible autoría por parte del grupo ahora desarticulado, así como su alcance trasnacional, la Guardia Civil creó un equipo conjunto de trabajo formado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de León.
Base de operaciones en la provincia de Lugo
Avances en la investigación conllevaron a inferir la vinculación de la organización investigada con una serie de robos similares perpetrados en el noroeste peninsular, comprobando cómo además de la continua itinerancia de las células operativas, los mismos disponían de una rama logística asentada en la localidad de Ribadeo (Lugo). Estos planificaban exhaustivamente sus acciones realizando una rigurosa selección de posibles objetivos, decantándose por cajeros automáticos asentados en localidades con escasa vigilancia policial y acceso rápido a grandes vías de comunicación para facilitar su huida.
Importante cooperación policial internacional, EUROPOL y EUROJUST
Durante el transcurso de la operación se pudo comprobar la elevada movilidad geográfica llevada a cabo por los investigados. Los mismos accedían a España desde diferentes países europeos con el fin de acometer el ilícito penal, abandonando seguidamente nuestro país.
En este punto, ha sido crucial para el éxito de la operación la cooperación policial-judicial internacional, liderando la Guardia Civil un grupo de trabajo coordinado por EUROPOL y EUROJUST, en el que han participado unidades de investigación de cuerpos policiales de Bélgica, Francia y Rumanía. Los continuos flujos de información han permitido la monitorización de los principales integrantes de este grupo criminal por distintos países europeos.
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