La sentencia de la Audiencia Provincial establece también una pena de seis meses de cárcel por un delito de gestión interesada
La Audiencia Provincial de León ha condenado al alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López Gutiérrez (PP), a una pena de seis meses de prisión por un delito de gestión interesada, en añadido de una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dos años, y a 9 años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación administrativa del que estaba acusado.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, le absuelve de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias por los que la acusación particular pretendía su condena, y también deniega la responsabilidad civil interesada tanto por la acusación particular como por el Ministerio Fiscal. En palabras de López Gutierrez para Infobierzo expresa que "no estoy de acuerdo con la sentencia, pero creo en la justicia".
López fue juzgado a finales de marzo en la Audiencia Provincial tras ser imputado a raíz de una denuncia formulada por el concejal socialista Antonio Puerto González, que desveló la adjudicación de la parcela número 97 del Polígono Industrial de Cabañas Raras en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, cuya propiedad compartía con su esposa, construyó un crematorio de mascotas.
El alcalde «a sabiendas de su ilegalidad y del deber que tenía de abstenerse, tanto para solicitar las ayudas para proyectos de inversión para el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 2014, como para firmar como autoridad en el procedimiento de la licencia de construcción y licencia ambiental de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras, consiguió obtener una ayuda para su negocio por importe de 53.819,92 euros», según el relato de la Fiscalía.
Recordemos que la Fiscalía solicitaba una pena de diez meses de prisión, una multa de 4.500 euros y diez años de inhabilitación por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y prevaricación