El periplo judicial del edificio Roma de Cacabelos entra en vía plenaria. Este viernes, el Ayuntamiento de la Villa el Cúa ha convocado un pleno en el que el equipo de gobierno lleva en uno de los puntos de la sesión, la aprobación del inicio de expediente de revisión de oficio de la licencia de construcción, otorgada a la empresa constructora en el año 2007
La situación del edificio Roma de Cacabelos lleva años en tela de juicio. Este viernes, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, se aprobará el inicio de expediente de revisión de oficio de la licencia de construcción, otorgada a la empresa constructora en 2007. Es decir, se aprueba el cumplimiento de la sentencia que insta al derribo del edificio. El equipo de gobierno se pone a disposición de las terceras partes afectadas por la aplicación de la sentencia en firme.
Desde 2018 existe una sentencia que confirma la ilegalidad del edificio y la necesidad de ser derribado. Este fallo se recurrió, pero en 2021 se denegó el recurso de casación, pasando a ser una sentencia firme.
El auto judicial recogía "su inadmisión a trámite por 1) falta de fundamentación suficiente, y singularizada al caso, de la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 88.2 a) –invocado- b) y c) –citados- LJCA, que permiten apreciar interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo; y 2) carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque lo que realmente se pretende es obtener un pronunciamiento “ad casum” en sentido diferente al acordado Cacabelos, 11 de abril del 2022 por la Sala."
En esa ocasión, el Supremo, "ante la cantidad de evidencias juzgadas previamente no admitió a trámite el recurso" y condenó en "costas judiciales al Ayuntamiento".
Los hechos se remontan a 2007 cuando el Ayuntamiento de Cacabelos le otorgó a la empresa constructora la licencia para construir el edificio Roma en Cacabelos. Años después, una vez construido el edificio, y con familias residiendo en el mismo, se declaró ilegal la licencia de construcción, algo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia.
Durante años la situación se ha enquistado, con sentencias y recursos desde el consistorio encabezados por el antiguo alcalde, Junior Rodríguez, que vive en el citado edificio; y con una pugna abierta entre el PP y el PSOE por quién era responsable de dar la licencia de construcción o de no acatar la orden de derribo. El trámite llega ahora a pleno con el tiempo límite para que la Justicia considere incumplida la sentencia.