El 58% de los lectores de InfoBierzo quieren que finalice el estado de alarma el 9 de mayo frente a un 42% que estaría a favor de prorrogarlo después de esa fecha. En concreto, un total de 1.410 personas votaron en la encuesta publicada el pasado domingo por este diario, de las cuales 814 ansían el fin del estado de alarma para poner fin a las restricciones, mientras que 596 apoyarían prolongarlo y dar cobertura legal para medidas restrictivas.
A este respecto, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha confirmado este mismo martes que a partir del próximo 10 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma, no habrá toque de queda ni cierre perimetral. No obstante, aseguró que la Junta seguirá teniendo una “batería importante de herramientas” para contener la pandemia del COVID-19.
De esta forma, confió en que la evolución sea la que se está viendo estos días, en los que se empieza a notar el efecto de la vacunación. "Por tanto, dentro del optimismo, confío en que además esto nos haga ver que el estado de alarma ya no va a ser necesario dentro de unos días porque el ritmo de vacunación y de inmunización nos permite llevar otras condiciones de vida más relajadas, aunque seguirá habiendo algunas restricciones en el marco del acuerdo que tiene dictado la Junta de Castilla y León en función de los niveles de emergencia en los que nos encontremos".
Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha declarado también este martes que el Gobierno entiende que, en atención a la “incidencia epidemiológica”, no es “necesaria” la actualización o prórroga del estado de alarma, ni la modificación de las leyes para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas para frenar los contagios del COVID-19 después del 9 de mayo.
En este sentido, reiteró que “lo prioritario es que las comunidades autónomas estén concentradas en cómo acelerar este proceso de vacunación". “Todas las capacidades e instrumentos normativos” están a su alcance, aseguró, insistiendo en que no existe “ningún tipo de vacío legal” para la toma de decisiones consensuadas pero, en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, “la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio” y no se puede “dejar en manos” de las autonomías sin la supervisión de los tribunales.
Insistió en que las medidas restrictivas se toman en “situaciones muy excepcionales y no es conveniente descentralizar”, por lo que consideró que la adopción de medidas debe guiarse por los criterios epidemiológicos del momento. “La voluntad es no prolongar, más allá del 9 de mayo, todo ello desde la prudencia. Lo que marca las decisiones últimas son los datos epidemiológicos de cada momento", subrayó. La portavoz, incluso, celebró que “conforme va pasando el tiempo” se está “en mejores condiciones” a tenor del número de vacunados, aunque advirtió de que, pese a estar vacunado, se puede ser trasportador del virus, por lo que las medidas de movilidad van en función de la situación de los datos de contagios.