El alcalde de Borrenes, Eduardo Prada,denunció en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada al portavoz socialista en este municipio, Miguel Ángel Rodríguez, por falsificación de un documento oficial, tras detectar que había falsificado la firma de otro concejal del PSOE en el documento de solicitud de un pleno extraordinario.
El Juzgado ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el regidor contra el concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Rodríguez, tras detectar que éste había falsificado la firma de otro concejal socialista en el documento de solicitud de un pleno extraordinario.
Según denunció el regidor, el portavoz socialista presentó en el Ayuntamiento, el pasado 14 de febrero, un escrito aparentemente suscrito por él mismo y por otro concejal del Grupo Socialista por el que solicitaban la celebración de un pleno extraordinario, cumpliendo de este modo con la obligatoriedad, para que la petición sea atendida, de que dicha solicitud fuera suscrita por al menos la cuarta parte de los concejales que integran la corporación.
De este modo, y de acuerdo con la legislación vigente, se procedió a señalar fecha para la celebración del pleno extraordinario solicitado, así como a la convocatoria de todos los concejales que integran esta corporación. Pero al recibir los respectivos acuses de recibo de las citaciones efectuadas “se detectó que la firma en el escrito de solicitud de pleno nada tenía que ver con la estampada en el acuse de recibo”. Una vez reunidos todos los convocados en el Salón de Plenos, el propio concejal socialista confirmó ante todos los presentes, tras ser preguntado por el alcalde, que la firma de la solicitud no era suya, ante lo que el portavoz socialista, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció también, para sorpresa de todos los presentes, “que había sido él mismo quien había firmado en su lugar”.
De acuerdo con la legislación vigente, que obliga a que la solicitud de pleno extraordinario debe hacerse por escrito, e ir firmada personalmente por todos los que la suscriben, se decidió no celebrar dicho pleno, al ir precedido de una solicitud de convocatoria nula de pleno derecho.
Tras la denuncia en el Juzgado, los populares de Borrenes recuerdan al portavoz socialista que según se recoge en el artículo 390 del Código Penal sobre falsedades documentales, “la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad podría ser castigado”, si se demuestran los hechos, “con pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años”.