El pasado 6 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba su intención de que el 9 de mayo sea “punto y final” del estado de alarma. El matiz que utilizó en sus palabras fue que “el objetivo” es que tras esa fecha “no sea necesario” prorrogar más el estado de alarma.
El fin del estado de alarma supone el fin de la cobertura legal a las medidas restrictivas para combatir la expansión del coronavirus. Es decir, no cabría amparo legal para las restricciones de movilidad, los cierres perimetrales, el toque de queda, las restricciones de aforos en negocios y el cierre de determinados sectores.
A este respecto, el Gobierno aseguró que las comunidades autónomas tendrán “instrumentos suficientes” para controlar la pandemia, pero las limitaciones “no podrán afectar a derechos fundamentales”, como la movilidad de los ciudadanos y, por tanto, decaerán los cierres perimetrales y los toques de queda.
En cualquier caso, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, cedió que la caída de este “instrumento constitucional” estará “supeditado” a la situación epidemiológica. Además, explicó que “si la tendencia sigue siendo” como ahora pese “al ligero repunte al alza pero alejado de cifras tan importante como en octubre o noviembre”, “la previsión del Gobierno es que no habrá que limitar” y, por tanto, no será necesario el estado de alarma. Es decir, insistió la portavoz, se “acabarían las medidas generales”, como el toque de queda, pero “no las competencias de las comunidades autónomas para delimitar las medidas de seguridad que en su territorio piensen que pueden poner en marcha”, como posibles limitaciones en horarios comerciales.
Así pues, analizando detenidamente las informaciones de Moncloa, la puerta queda semi-abierta a una incertidumbre que ha despertado la desconfianza de, por ejemplo, la Asociación de Hostelería del Bierzo, que piden claridad sobre las restricciones que se tomarán para frenar la cuarta ola cuando decaiga el estado de alarma, pues temen ser “los primeros en sufrir las consecuencias”.
Del mismo modo, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, calificó de “lamentable” el “abandono normativo” al que, a su juicio, está sometiendo el Gobierno a las comunidades autónomas ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, por “no haber cumplido la promesa de crear una legislación específica para controlar las pandemias”. Reprocha Igea que las autonomías afrontarían con indefensión y sin amparo jurídico el avance de una cuarta ola o incluso otras venideras sin disponer de herramientas legales para frenar los contagios con medidas restrictivas. Y es que ha pedido abiertamente una prórroga del estado de alarma o bien una reforma legal, aunque sí espera Igea que la “vuelta a la vida normal” llegue a mediados de verano.
Entre todas las informaciones que cambian a diario, a veces de manera contradictoria, se ha generado el debate entre la ciudadanía y las administraciones sobre lo que ocurrirá -o lo que debería ocurrir- el 9 de mayo. Algunos son partidarios de una prórroga que permita contener al máximo la transmisión del virus hasta que la campaña de vacunación haya avanzado lo suficiente; mientras que otros ansían el levantamiento de las restricciones para retomar la normalidad lo más pronto posible, con la confianza de que la vacunación dé sus frutos a tiempo.
En este contexto, ¿cuál es su opinión? ¿Está usted a favor o en contra de una prórroga del estado de alarma tras el 9 de mayo?