El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha abierto diligencias contra el exalcalde de Bembibre José Manuel Otero, del PP, y las concejalas Laura Álvarez, también del PP, y Elsa García, de X Bembibre, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El propio Ayuntamiento de la localidad, gobernado por la alcaldesa socialista, Silvia Cao, presentó una denuncia el pasado mes de diciembre.
Cao aseguró que esas dos concejalas cobraron, en mayo de 2019, un total de 900 euros por su participación en la Junta de Coordinación sin formar parte de este órgano. Según explica la regidora, a través de una nota de prensa, el por aquel entonces alcalde destituyó a los concejales Gloria Casto y Serafín Vázquez, quienes sí eran miembros de esa Junta de Coordinación, por Álvarez y García “sin nombramiento previo que las autorizara a asistir y a cobrar” por ello.
A ello sumó que esas concejalas pertenecían a la Junta de Gobierno, por lo que no podían asistir a ambos órganos. “Y lo que es peor, a cobrar por los dos, que es más incompatible todavía, percibiendo en ese mes, previo a las elecciones municipales, 900 euros a mayores de su ya no desdeñable nómina, lo que supone un cobro indebido y un presunto delito de prevaricación administrativa llevado a cabo, presuntamente, por quien era el alcalde y ambas concejalas que pertenecían a su equipo de gobierno”, denunció la alcaldesa. “Lo que el alcalde le quitó a unos, se lo dio a otras, no fuera a ser que el Ayuntamiento ahorrase algo ese mes en sueldos”, añadió.
Cao dijo estar “harta” de que la actual oposición del PP hable constantemente de que la corporación municipal cobre “sobresueldos” cuando “eran ellos quienes supuestamente los cobraran”. “Será, como debe ser, la Justicia quien determine su implicación en los hechos denunciados pero resulta, cuanto menos llamativo, que quien salga semana si y semana también a la prensa hablando de cobros, sea quien, presuntamente, los ha realizado en su época de gobierno y es que, siempre habla, quien más tiene que callar”, aseveró.
La denuncia fue ratificada por Cao el pasado 13 de febrero y los acusados deberán comparecer en el juzgado el 19 de junio en calidad de investigados.