El ex alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, vuelve a ser juzgado el próximo 26 de septiembre por la Audiencia Provincial de León, tras haber sido ya condenado a la inhabilitación para ejercer como alcalde durante los próximos nueve años
Los hechos se remontan a 2018, cuando la Audiencia Provincial de León condenó al alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez de Arriba, a nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público de alcalde, como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa, además de imponerle el pago de las costas del juicio celebrado en el mes de octubre de dicho año, incluidas las de la acusación particular.
El escrito de Fiscalía expone en sus conclusiones provisionales que entre las funciones en el ejercicio de su cargo estaba la de ser Jefe de Personal respecto de los trabajadores que prestaban sus servicios al Ayuntamiento. En esta tesitura, el demandante prestaba sus servicios en calidad de Secretario Interventor titular del Ayuntamiento de Cacabelos desde tiempo anterior, de tal manera que en noviembre de 2015 tuvo una baja médica por un problema de salud, de modo que en ese momento la otra acusada fue contratada para sustituir al demandante como Secretaria Interventora.
Posteriormente, el 12 de enero de 2016, el anterior interventor obtuvo el alta médica, por lo que intentó reincorporarse a su puesto de trabajo. Sin embargo, el acusado en una decisión injusta, arbitraria y contraria a derecho y por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de León como autor de un delito de prevaricación a una pena de nueve años de inhabilitación, le impidió tal incorporación, manteniendo en el cargo a la también acusada, quien, pese a saber que tenía que cesar en el cargo porque así había sido requerida por el departamento competente de la Junta de Castilla y León, se mantuvo en el mismo, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados.
De este modo, expone el escrito, el Ayuntamiento de Cacabelos, bajo la dirección y órdenes del alcalde y ahora acusado, con total conocimiento de la ilicitud de ese doble pago y desde la fecha de 12 de enero de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2016 ambas incluidos, abonó dos sueldos a dos secretarios – interventores distintos, tanto a quien legítimamente le correspondía, como a la otra acusada, quien se aprovechó de tal circunstancia al no cesar cuando había sido requerida para ello y cobró las cantidades totales en ese período aludido (de 12 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016) de 6.893,46 euros, causando con ello un perjuicio económico a las arcas municipales de Cacabelos en la cantidad antedicha.
La Fiscalía pide imponer a cada uno de los acusados la pena de 3 años de prisión, e inhabilitación de empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por ocho años.
Asimismo, ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Cacabelos en la suma total de 6.893,46 euros, con la aplicación de los intereses legales previstos en el Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Recordemos que en su declaración en 2018, Álvarez -para el que la Fiscalía solicitó 13 años de inhabilitación- aseguró no haber impedido en ningún momento -tal y como consideró la acusación- la reincorporación del interventor titular del Consistorio y el entonces equipo de gobierno defendió la legalidad del nombramiento de la funcionaria que ejercía de interventora interina desde que el titular de la plaza se acogiera a una baja laboral en agosto de 2015 tras protagonizar un intento de agresión al alcalde, presunto delito del que fue absuelto también en 2018.
Una providencia del Tribunal Supremo obligó a reincorporar al interventor titular del Consistorio y el entonces equipo de gobierno municipal dijo que “no se podía cumplir” debido a que el funcionario participó en un concurso de traslados en marzo de 2016.
Ante el dictamen de la Audiencia Provincial, presentó la defensa de Álvarez recurso ante el TSJCYL que ratificó la misma sentencia, recurrida nuevamente ante el Supremo. De este modo, el alto tribunal ratifica de manera definitiva la pena a Sergio Álvarez de Arriba, que queda inhabilitado para ejercer como alcalde durante los próximos nueve años.
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