El empresario berciano José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la empresa Teconsa e hijo de José Martínez Núñez, ha fallecido en Madrid tras una larga enfermedad.
Martínez Parra estaba condenado a casi 12 años de prisión en una pieza separada de la trama Gürtel, aunque estaba en libertad desde el pasado mes de mayo debido a su enfermedad. La Audiencia Nacional dictó sentencia contra él hace algo más de un año y le impuso una condena de 11 años y siete meses de cárcel por la adjudicación ilegal de un contrato para el suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI en el año 2006.
En mayo de este año, la Audiencia Nacional acordó la suspensión de esta condena debido a que el empresario se encontraba en estado terminal. Su cuerpo será trasladado al Bierzo para su entierro.
Operación 'Caballo de Troya'
Sin embargo, esta no fue la única trama por la que el hijo de José Martínez Núñez fue investigado. Recordemos que, en el año 2013, José Luis Martínez Parra fue detenido en Madrid por la Operación 'Caballo de Troya' que indagaba en delitos de blanqueo de capitales, insolvencias punibles y contra la hacienda pública.
Esta causa tenía su origen en la Operación 'Crucero' en la que se investigaba al empresario Ángel de Cabo por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans (entre ellas, la berciana Teconsa, propiedad del grupo Martínez Núñez) por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos. Las alarmas saltaron con la venta del Gran Hotel de Santiago por un precio de dos euros, tras esto, la Agencia Tributaria comprobó que el grupo Martínez Núñez también había vendido por ese precio los hoteles que poseían en Lugo y Ourense a de Cabo.
La investigación descubrió que los hermanos Martínez Parra llevaban a cabo actividades para detraer bienes y activos de sus sociedades, aparentando deudas, con el objetivo de enriquecerse ilícitamente.
Finalmente, los 'cabezas' de la trama, José Luis y Maribel Martínez Parra y Ángel de Cabo, se declararon culpables de un delito continuado de insolvencia punible por el que asumían una pena de un año y nueve meses de cárcel, además de 3.600 euros de multa cada uno.
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