El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Ponferrada ha concluído, este mes de enero, las diligencias abiertas en 2022 contra el alcalde de Oencia y contra el propietario de pizarras Compex y El Poltrón presentada por Ecologistas en Acción. El siguiente paso será la apertura de la fase de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales, respectivamente.
En el proceso judicial se ha constatado, tanto con el informe del equipo especializado del SEPRONA como con diversos informes proporcionados por la Confederación Hidrográfica y la Junta de Castilla y León, que los residuos mineros han colmatado varios kilómetros de cauce. La actividad de la pizarrera continúa ocasionando una afección significativa al espacio de Red Natura 2000 Riberas del río Sil, debido al desplazamiento de los residuos colmatados por el desarrollo de actividad minera.
Además, condenan que la explotación se encuentra a 500 metros del Lugar de Importancia Comunitaria Os Ancares-Courel, ya en Galicia, y con la consideración de Zona de Especial Protección para el oso pardo.
"A pesar de numerosas denuncias de colectivos vecinales y ecologistas, la explotación de pizarra de Compex opera desde 2006 sin proyecto de restauración, sin licencia de actividad y de obras, sin concesión de aprovechamiento de agua ni autorización de vertidos. Durante más de 15 años ha funcionado sin Autorización de Licencia Ambiental de ningún tipo, sin que el ayuntamiento paralizase su actividad", denuncia la asociación.
Aseguran que esta situación ha dado lugar a que la explotación haya ocupado completamente las cabeceras del río Gestoso y del rego Caborco de Mazales, y sus residuos hayan alterado la red hidrológica superficial, llevando a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a incoar varios expendientes sancionadores. Señalan que el Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León también inició un expediente sancionador por una infracción grave derivada de la falta de mantenimiento y conservación de la explotación.
Vulneración del derecho de acceso a la información ambiental
La causa sentará por primera vez a un alcalde en el banquillo por negarse reiteradamente a permitir el acceso a información ambiental que solicitaban las entidades vecinales. En concreto, se atribuye al alcalde de Oencia, Arsenio Pombo Ovide, un presunto delito contra las instituciones del Estado por negarse a colaborar con el Comisionado de Transparencia del Procurador del Común, que le había instado en varias ocasiones a proporcionar la información que le había sido solicitada. A esto se suma un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión en las inspecciones que se debían haber realizado tras numerosas denuncias.
Ecologistas en Acción alerta de que el caso de El Poltrón no es una excepción. La organización ecologista cita otros ejemplos como la pizarrera Nano, situada a escasa distancia de la anterior y a tan solo 500 metros del núcleo de Arnado, que lleva más de 12 expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica por vertido de residuos y otras infracciones, acumulando residuos mineros de forma ilegal en pleno LIC de Riberas del Río Sil. En este caso, la explotación se abandonó en 2020 sin ningún tipo de restauración.
Por otra parte, las canteras Mesa de Reis y Texeiras también se han autorizado sin una evaluación sobre sus impactos en Red Natura 2000, a pesar de estar a pocos metros del Lugar de Importancia Comunitaria Os Ancares-Courel, afectando en el primer caso a la Devesa do Cervo, en el Ayuntamiento de Quiroga y, en segundo, al del Pico de Montouto, uno de los puntos más altos de la Serra do Courel a 1541 metros de altitud.