Ello hace trascender nuevos datos, como los 22 interrogatorios practicados, o la vinculación de la marihuana aparecida en el domicilio de Montserrat Trinidad con otro caso de presunto tráfico de drogas.
La juez del Juzgado de Instrucción N.4 de León acuerda levantar el secreto de sumario mantenido en la instrucción de la muerte de la presidenta de la Diputación de Léon, Isabel Carrasco, al considerar que ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación de este presunto delito de homicidio.
La ley establece el plazo de 30 días para mantener en secreto las actuaciones que se están llevando a cabo. Este plazo termina mañana, día 12 de junio.
En este momento, la juez ya ha recibido el informe final de la autopsia practicada al cadáver de Isabel Carrasco que indica que la causa inmediata de su muerte -el pasado 12 de mayo, aproximadamente a las 17.25 h de la tarde-, fue un "shock hipovulémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta". Este informe está respaldado por dos médicos forenses, según manda la ley. Dos tiros por la espalda y uno final en la nuca provocaron la muerte.
En relación con las personas a las que la juez ha tomado declaración, son 22 los testigos entre: ciudadanos que han acudido al Juzgado como personas que presenciaron los disparos, amigos de la agente de la policía local imputada, y agentes de la Policía.
La juez instructora ha realizado, entre otras diligencias, análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas, posicionamientos de teléfonos móviles, dos registros domiciliarios (el domicilio de María Trinidad y de Raquel Gago) y un registro de la taquilla personal del la agente policial.
En el registro al domicilio de María Trinidad la Policía encontró como hallazgo casual una cantidad de droga que hace suponer que no es para el consumo y, por tanto, podría ser un presunto delito de tráfico de drogas. Al no tener relación con el delito que se estaba investigando (un delito de homicidio), la juez de instrucción N.4 ha informado ya de este hecho al Decanato de León para que establezca, según las normas establecidas, qué Juzgado debe investigar si existe algún delito.
La juez está a la espera de recibir el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas.
Además de la acusación pública o Fiscalía, a la causa se han personado -como acusación particular- miembros de la familia de la presidenta de la Diputación.
La magistrada tiene que resolver, tras haber dado ya traslado a las partes y estar a la espera de recibir sus respuestas, si la Diputación de León y el Partido Popular, como instituciones, son admitidas también como partes de este proceso.