La patronal del sector alega la reducción entre 2013 y 2018 del "noventa por ciento" de las ayudas públicas, que se destinan a la reconversión y viabilidad de las explotaciones. Por ello aducen que devolverlas para poder mantener la actividad en 2019, o cerrar, es una incongruencia.
Se trata de un nuevo intento por mantener el sector más allá de 2018, puesto que la totalidad de empresas extractoras están insertas en el plan de ayudas que la Comisión Europea ha venido a denominar "al cierre" pero que para las compañía deben ser la puerta hacia la modernización y viabilidad sin ayudas públicas de toda la industria.
Por ello la patronal Carbunión ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una apelación que pretende salvar los escollos que llevaron en enero a que el Tribunal desestimara un recurso presentado por Carbunión en la misma línea contra la decisión del Consejo de la UE que en 2010 vinculó las recepción de las ayudas con un plan progresivo de reducción de actividad hasta el cierre a 31 de diciembre de 2018... eso o devolver todas las ayudas percibidas hasta la fecha para continuar con su actividad desde entonces.
Ahora Carbunión pretende "la anulación parcial de dicha decisión, para que puedan continuar con su actividad a partir de 2018 las explotaciones competitivas".
La patronal minera destaca además que la viabilidad del sector es ya un hecho constatable, dado que en este 2014 las minas a cielo abierto suponen ya más del 65% de la producción de carbón autóctono, y estas explotaciones van a recibir ayudas de carácter simbólico, 0,5 euros por tonelada "y en 2015 funcionarán sin ningún tipo de ayuda", recuerda en su apelación la patronal.
Además, los empresarios mineros argumentan que el sector está realizando "un programa muy ambicioso de reestructuración" y que las ayudas a la minería se han reducido más de un 90%, pasando de 300 millones a 38 millones de euros".