El carbón, la clave
Endesa, según señalaron fuentes de la compañía a este diario, supedita a un escenario más clarificador sobre el futuro del carbón, la decisión de modernizar Compostilla II.
El 31 de diciembre expira el Real Decreto de Garantía de Suministro, que no se renovará (incentivo público para que las centrales quemen carbón nacional) y Red Eléctrica aún no ha presentado el supuesto mecanismo normativo en el que trabaja para garantizar un hueco mínimo del 7,5% en el mix de generación energética.
Por otro lado, sigue acercándose el horizonte del 1 de enero de 2019, cuando las empresas mineras que hayan percibido dentro del Plan del Carbón 2013-2018 ayudas a la producción (todas en la provincia) deberían cerrar, o devolver las mismas. La acción política en el seno de la Unión aún no ha abordado de forma clara un cambio en este dictamen europeo.
La normativa costará 200 millones para modernizar Compostilla II
A partir del 1 de enero de 2016 será de aplicación el Reglamento de Emisiones Industriales por el que se ha trasladado a la legislación española la Directiva del Parlamento Europeo que viene a establecer, de forma general, unos Valores Límite de Emisión.
No obstante, se permiten unas excepciones transitorias mediante la posibilidad de acogimiento a un Plan Nacional Transitorio (PNT) o a la denominada exención por vida limitada (vía que permite la moratoria hasta octubre para decidir se se acometen las inveriones).
El PNT se aplicará entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020 y las instalaciones que se acojan a él no tienen que cumplir con los Valores Límite de Emisión generales, pero a cambio deben cumplir con unos topes anuales de emisión (toneladas/año), topes que se van reduciendo con el tiempo.
Las instalaciones que opten por la exención por vida útil limitada, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2023, se comprometen a no hacer funcionar la instalación más de 17.500 horas operativas hasta 2023, momento en que deberán apagarse. Es en este apartado donde Endesa ha 'acomodado' a Compostilla II, y la fecha máxima para comunicar la vía definitiva es octubre de 2015, el próximo año. En ese momento la compañia debe comunicar la adaptación a la normativa mediante inversiones en la planta de Cubillos cuantificadas en 200 millones de euros, o continuar el plan de cierre por vida útil, ya de forma irremediable.
En conclusión, si Compostilla II sigue sin emplear su moratoria para adaptar sus grupos a la normativa de emisiones -cuya inversión estimada ronda los 200 millones de euros- entraría en la vía de la Vida Útil Limitada, y sólo entraría a producir en 17.500 horas hara 2023, momento en que se produciría el cierre. En octubre del año próximo la eléctrica tomará la decisión final.
La OPV
En medio de este momento clave, la empresa está inmersa en una Oferta Pública de Valores (OPV) y por ello ha tenido que reflejar en el papel, para cumplir con la Comisión Nacional de la Competencia, lo que corresponde a la decisión tomada, que es ese plan de cierre. Es decir, la provisión de 96 millones de euros para desmantelar los grupos 3,4 y5 (el grupo 2 termina su vida útil precisamente en 2015) corresponde a “una formalidad administrativa” de la operación bursátil, o al menos eso argumenta Endesa.