El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León ha ratificado la postura de la Asociación de Vecinos de Compostilla, así como de Bierzo Aire Limpio, en su proceso contra la Central Térmica y Red de Calor con Biomasa en dicho barrio de Ponferrada, alegando que "va en contra del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada”.
Según informan los demandantes mediante una nota de prensa, la Central de Biomasa promovida por SOMACYL (vinculada a la Junta de Castilla y León) “no podrá entrar en funcionamiento”. La sentencia emitida por el tribunal apunta que la Central de Biomasa "se trata en efecto de una actividad industrial y no de equipamiento" y que, por tanto, "no se puede ubicar en el solar de la montaña de carbón donde se ha construido". Además, la resolución anula todas las licencias municipales de la central, "dejándola en la total ilegalidad y condenando al ayuntamiento de Ponferrada a ordenar y llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando", insisten desde el despacho de abogados responsable de la demanda.
"Lo más grave es que esta Central no podrá entrar en funcionamiento a pesar del enorme de gasto de dinero público europeo, que se podía haber evitado si hubieran hecho caso de las reiteradas advertencias formuladas por estas Entidades", critica Víctor Álvarez Bayón, el abogado de Cordal Estudio Jurídico que ha llevado la demanda.
El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de León también da la razón a las entidades que denunciaron "falta de transparencia" y de "trámites ambientales del proyecto", señalando que "no consta ningún tipo de trámite ambiental y que la información pública llevada a cabo resulta notoriamente insuficiente, al igual que la publicidad del proyecto y documentación técnica".
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Compostilla, Pilar Martín, reprocha duramente que la corporación municipal "debe pedir responsabilidades a los miembros del PP que aprobaron en Junta de Gobierno estas licencias ilegales a espaldas del Pleno y de los ciudadanos y que han permitido ejecutar una instalación ilegal", concluye.
Cabe recordar que dichos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Ponferrada fueron adoptados entre los años 2017 y 2018, siendo alcaldesa la popular Gloria Fernández Merayo. Ya en marzo de este mismo año, el Mecanismo de Inspección del Banco Europeo emitió un informe de conclusiones donde evidenciaban “irregularidades en los préstamos millonarios concedidos a la Junta de Castilla y León para las instalaciones de biomasa”, entre las que se encuentra la red de calor de Ponferrada, por lo que pedían explicaciones al Gobierno autonómico.