Los vecinos de Compostilla y Navatejera dan un paso más en su oposición a las centrales de biomasa y redes de calor que la Junta de Castilla y León pretende levantar en sus barrios y trasladan sus acciones a Europa. En concreto, acaban de iniciar en Luxemburgo el proceso de revisión de la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones, "por las presuntas irregularidades existentes en los proyectos".
Las asociaciones denuncian que las Centrales de Ponferrada y Navatejera incumplen las condiciones del proyecto firmado en su día entre la Administración de Castilla y León y el Banco denominado “Project Castilla y León climate change” y "pueden ocultar un presunto fraude o posibles sobrecostes".
Sostienen que estas centrales "no son sostenibles, no mejoran el cambio climático ni la prevención de incendios forestales. Tampoco mejoran la sostenibilidad del sector forestal promoviendo el uso tradicional y alternativo de los recursos forestales como materia prima de biomasa e infringen la normativa ambiental y urbanística".
Los vecinos aseguran además que en estos proyectos "no se garantiza en ningún momento el lugar de origen de la biomasa", y argumentan que "no existe suficiente oferta" en León estas instalaciones.
La denuncia ciudadana solicita que el BEI abra investigación sobre si la aplicación de estos fondos cumple con los acuerdos firmados y los fines de sostenibilidad exigidos, objetivos que se ponen en duda "cuando se pretende gastar más de siete millones de euros en llevar calor a una serie de edificios que además están térmicamente obsoletos, sin ningún acondicionamiento". "Se está “empezando la casa (energética) por el tejado”, dicen.
“El proyecto de Ponferrada —informa la Asociación de Compostilla al Secretario General del BEI— ni siquiera ha pedido y obtenido la necesaria licencia ambiental ni ha sido sometido a información pública, privando del necesario conocimiento y transparencia pública. Tampoco ha sido votado ni conocido por el Pleno del Ayuntamiento, hurtando el necesario debate democrático. Se pretende ejecutar sin permiso ni licencia ambiental y sin memoria ambiental, con una mera licencia de obras; obviando su indudable transcendencia”.
Para los denunciantes, además, “es sospechosa la rápida contratación en Ponferrada por parte de SOMACYL de la empresa ACSA, involucrada en varias causas de corrupción".