El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha dado el paso final para otorgar 1.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, de los que 50.092.117,85 € se destinan para Castilla y León, para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. De estos, Ponferrada recibirá 2.468.127,60 euros, aunque no se detalla en que actuación o actuaciones se invertirá la partida.
Así, el pasado lunes se publicó en la sede electrónica del Mitma la resolución definitiva de la primera convocatoria en concurrencia competitiva de ayudas a ayuntamientos para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible del transporte público, incluida en el Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
Está previsto que en 2022 se publique una segunda convocatoria con 500 millones de euros, hasta completar los 1.500 millones de euros asignado en esta línea.
Entre los beneficiarios también se encuentran 14 municipios que, además de participar a título individual, se han aliado para presentar solicitudes como agrupaciones. Así, tres grupos liderados por Valladolid, San Sebastián y Sevilla, respectivamente, han logrado ayudas.
ACTUACIONES SUBVENCIONADAS
El objetivo del programa, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es contribuir a mejorar la calidad del aire en las ciudades y la descarbonización de la movilidad, articulando un sistema de transporte público urbano fiable, asequible, atractivo y de nulas emisiones y promoviendo la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), de manera que el uso del vehículo privado a motor sea más limitado. La distribución de los fondos por tipo de actuación se articula de siguiente forma:
- El 40,7% del presupuesto de la convocatoria se ha asignado a actuaciones encaminadas al desarrollo de la movilidad activa, como la construcción de carriles bici, la peatonalización de calles o la instalación de puntos de alquiler de bicicletas. Por ejemplo:
- Se van a destinar más de 100 millones de los fondos en construir o adecuar unos 1.000 kilómetros de carriles bici.
- Se financiará la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, con 48,9 millones de euros, y se promoverá la intermodalidad.
- Se han concedido 243,1 millones de euros para aumentar el espacio para peatones en las ciudades.
- El 19,4% de los fondos se invertirán en impulsar las flotas de cero emisiones. Así, se apoya la adquisición de unos 648 autobuses urbanos de cero emisiones o la compra de más de 45 vehículos eléctricos para la recogida de basuras.
- El 16,5% de las ayudas financiarán mejoras en la eficiencia del transporte público, incluyendo el refuerzo de los servicios ferroviarios urbanos, del reparto de mercancías en la última milla y el calmado del tráfico rodado. Este tipo de proyectos contempla actuaciones como, por ejemplo:
- El desarrollo o refuerzo de aparcamientos disuasorios de competencia municipal (28,8 millones de euros).
- El establecimiento de áreas de estacionamiento reguladas fuera de las zonas de bajas emisiones (3,3 millones).
- La mejora de la accesibilidad al transporte público a personas con movilidad reducida y colectivos especiales (16,3 millones).
- La habilitación de plataformas y carriles de priorización del transporte público (60,7 millones).
- El 12,4% de los 1.000 millones de la convocatoria se destinan a proyectos de digitalización de la movilidad para la mejora de los servicios públicos de transporte (información en tiempo real, planificación de itinerarios, pago digital…) y de la gestión de las administraciones.
- Por último, el 11% de las ayudas se destinará a financiar 62 proyectos de implantación de Zona de Bajas Emisiones y 31 actuaciones complementarias para su puesta en marcha o refuerzo de las ya existentes. Hay que tener en cuenta que sólo los municipios de más de 50.000 habitantes podían solicitar financiación para este tipo de actuaciones ya que son los que deben tener este tipo de áreas habilitadas en 2023.
DIISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
El espíritu del programa del PRTR es impulsar una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud en las ciudades que más problemas de calidad del aire concentran y que disponen de un servicio de transporte urbano. La Ley de Cambio Climático obliga a los municipios con 50.000 o más habitantes y a las capitales de provincia a implantar zonas de bajas emisiones antes de 2023, mientras que la Directiva de Vehículos Limpios prevé la necesidad de renovar las flotas de transporte público por vehículos de bajas o cero emisiones en los próximos años, objetivos ambos que se quieren contribuir a alcanzar con estos fondos.
En este contexto, los municipios de Madrid, Cataluña y Andalucía son los que más ayudas han obtenido de forma agregada con 568,5 millones de euros, el 57% del total. No en vano, las localidades beneficiarias de dichas provincias aúnan una población de casi 14 millones de personas.
CIUDADANOS BENEFICIADOS
El programa está dirigido a municipios de más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes que cumplan una serie de requisitos, como disponer de un sistema de transporte público urbano. Pagos y seguimiento Mitma acompañará a los consistorios beneficiarios en el proceso de acelerar la integración del transporte público con los sistemas de movilidad activa y llevará a cabo un estrecho seguimiento para garantizar que se cumplen los hitos y objetivos pactados con la Comisión Europea.
Según se recoge en la resolución definitiva, las actuaciones deben estar ejecutadas y puestas en marcha en diciembre de 2024, por lo que el Ministerio ha decidido entregar las ayudas en forma de pagos anticipados.
En el primer pago de 675 millones de euros se realizará en verano de 2022 para garantizar que los municipios disponen del músculo financiero suficiente para ejecutar las actuaciones financiadas. El segundo pago anticipado de 325 millones de euros se llevará a cabo a partir del 16 de enero de 2023.
Para percibir el primer ingreso, los municipios deberán justificar que las actuaciones subvencionadas se han iniciado antes del 15 de junio.