El Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº4 de Madrid ha dictado una sentencia histórica en la que reconoce el fallecimiento de un agente del Seprona de la Guardia Civil como acto de servicio debido a la enfermedad de Crimea-Congo, también conocida como fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC).
El agente de 51 años, que prestaba servicio en El Bierzo, comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad en junio de 2022. Tras un rápido deterioro de su salud, falleció el 19 de junio del mismo año. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue la FHCC, una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas que puede ser mortal.
En la sentencia, se acepta el recurso presentado por la familia del afectado a través de la Asociación El Defensor del Paciente, impugnando la resolución del Ministerio de Defensa que inicialmente negó que el fallecimiento reuniera las condiciones para ser considerado en acto de servicio.
Según recoge Europa Press, esta sentencia es pionera en dos aspectos. En primer lugar, establece el reconocimiento de enfermedades profesionales para las clases pasivas del Estado. Históricamente limitado a los funcionarios en activo, este derecho ahora se extiende a los miembros de las clases pasivas, mejorando sustancialmente la protección de sus derechos.
En segundo lugar, introduce la aplicación del "sistema lista". Según esta sentencia, si una enfermedad está catalogada en la lista de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, se presume automáticamente que su origen es laboral. Esto implica que la carga de la prueba recae en la Administración, que deberá demostrar que la enfermedad no fue contraída en el entorno laboral.
Además, esta sentencia representa un hito al aplicar por primera vez la presunción de etiología laboral a un miembro de las Fuerzas Armadas, ampliando así la protección y el reconocimiento de enfermedades relacionadas con el servicio militar.
Según señala la asociación, las enfermedades profesionales incluidas en la lista se consideran automáticamente relacionadas con el trabajo y las sustancias específicas mencionadas, eliminando la necesidad de probar el vínculo causal. Esto simplifica el proceso de diagnóstico y reduce el margen de error. Además, por primera vez, esta normativa se aplica también a un miembro de las Fuerzas Armadas, específicamente a un Guardia Civil del SEPRONA.
"La sentencia censura el intento por parte de la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa de romper la relación causal cuando existe una presunción legal que no admite prueba en contrario respecto al origen de la enfermedad profesional", destaca el Defensor del Paciente.