La razón es que no se ha dado traslado de los escritos de acusación a la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC) para quien la acusación reclama que se le condene a indemnizaciones millonarias. Por esta razón, se ha decidido suspender el juicio para evitar una posible indefensión de esta compañía que pudiera incluso desembocar en una anulación de las actuaciones.
El magistrado presidente del tribunal, Teodoro González, ha precisado que ahora el resto de partes implicadas deberán decidir si se da traslado de las actuaciones a CMC o no. Si eso ocurre, que es lo más probable, la causa volverá al Juzgado de Instrucción de Villablino para realizar la actuación pendiente y volvería a la Audiencia probablemente "en varias semanas" para volver a poner fecha al juicio.
Hay que recordar que la empresa que explotó El Feixolin, Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), se integró junto a otros activos propiedad de Victorino Alonso en Coto Minero Cantábrico, hoy en liquidación, y parte de sus activos pasaron a la compañía minero Astur Leonesa de Rodolfo Cachero, empresario minero también condenado por fraude fiscal,
Tres acusados
Victorino Alonso García está acusado en su condición de director de las empresas explotadoras Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Coto Minero Cantábrico (CMC) y su control efectivo. Junto a él se encuentra también acusado José Tascón González, como apoderado de la empresa, por los mismos cargos. Para ambos la Fiscalía solicita en su escrito de acusación 8 años y 3 meses de prisión, además de otras condenas, como multas e inhabilitaciones para ejercer cargos similares y la restauración completa del daño ecológico y medioambiental causado.
Hay un tercer acusado en este juicio y es el exalcalde de Villablino (IU), Guillermo Murias Andonegui, para quien el Ministerio Público solicita 15 meses de prisión, por un delito de prevaricación urbanística, al intentar legalizar la situación de ilegalidad de la explotación.
Grave perjuicio ambiental
El Ministerio Fiscal reclama estas condenas porque considera que la actividad minera, que se desarrolló en un total de 210 hectáreas, ha provocado una "afección gravísima" para el medio ambiente y el entorno natural de la zona ya que ha afectado de forma directa a zonas de especial interés medioambiental y a los hábitats del urogallo y el oso pardo.
El letrado de Victornio Alonso, César Garnelo, ha considerado que suspender la vista para dar traslado de los escritos de acusación a CMC es "una cuestión necesaria de orden público" porque la empresa aparece como responsable civil solidario. "Es más razonable y procedente suspender ahora, resolver el problema y continuar con seguridad con la celebración del juicio", ha precisado.
Garnelo también ha entrado sobre la petición de pena de Fiscalía y acusaciones y ha explicado que "no había leyes de impacto ambiental en el momento de comenzar a explotarse 'El Feixolin', solo estaba en vigor el Real Decreto de 1982 de restauración de actividades resultantes de explotaciones mineras". Así, ha agregado que "las actualizaciones y solicitudes que hizo MSP fueron aprobadas, e inexplicablemente ahora aparece como que no había ninguna resolución".
Por su parte, el exalcalde de IU de Villablino, Guillermo Murias, también ha argumentado que la explotación de El Feixolin comenzó en el año 1994 y que él llegó a la Alcaldía un año después. "Entendíamos que cola situación era legal, o al menos legalizable. Es evidente que ha ido cambiando la legislación con el paso de los años y después se vio que aquello era ilegalizable, es difícil analizar las actuaciones del año 1995 ahora, 23 años después", ha explicado.