Castilla y León, Asturias y Aragón suscribieron este lunes una declaración conjunta que plantea sus reivindicaciones comunes en el sector minero y reclamaron una transición energética “progresiva, equilibrada y no traumática”. La petición común la lanzan afectadas por un “largo y duro”, en palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, proceso de reestructuración del sector y de la generación eléctrica con carbón autóctono.
En un posicionamiento común que presentaron tras la reunión de trabajo mantenida en la capital leonesa, los respectivos presidentes defendieron la necesidad de actuar para “evitar el gravísimo impacto social y económico que los cierres de las explotaciones mineras producen en sus respectivos territorios.
Es un compromiso con el cambio climático, definido como “objetivo irrenunciable” para todas sus políticas. En este sentido, remarcaron la necesidad de alcanzar un pacto de estado por la energía que establezca un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro, “con mayor presencia de energías renovables, y que defina el camino de la necesaria transición energética hacia el mismo, compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de los recursos autóctonos”.
Así, reivindicaron un escenario de estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre empresas eléctricas y mineras, la presencia de al menos un cinco por ciento de carbón nacional en el mix energético y que se dé preferencia al mineral español en las centrales térmicas, tal y como permite la actual Directiva europea del Mercado Interior de la Electricidad. También insistieron en el carácter estratégico del carbón, como energía “segura y barata”, según el presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán. El jefe del ejecutivo asturiano, Javier Fernández, afirmó que lejos de ser “negacionistas”, son partidarios de las energías renovables pero remarcó que ninguna de ellas “son gestionables y necesitamos otras de respaldo”.
También reclamaron el mantenimiento de las centrales térmicas, “promoviendo las medidas de apoyo que sean necesarias, al menos hasta el año 2030”, y defendieron el endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación, para que los criterios de decisión empresariales no dependan únicamente de la seguridad de suministro eléctrico, sino que se tengan en cuenta además la competitividad económica, la dependencia energética y el interés de familias y empresas.
“No podemos entender ni tolerar decisiones de cierres anticipados unilaterales por parte de algunas empresas; podrán tener autonomía para tomar decisiones pero en la política energética tienen que hablar los poderes públicos y por tanto la última palabra la debe tener el Gobierno”, apuntó Herrera.
Consideraron, por otra parte, la necesidad de establecer una fórmula que permita una "adecuada flexibilidad" en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras, para que las empresas viables puedan continuar operativas más allá de 2018, y reclamaron una revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias del carbón y de los proyectos industriales asociados a las mismas, “sumando todas las sinergias posibles y fórmulas de cooperación entre los centros especializados como la Ciudad de la Energía de Ponferrada, Ciuden, o el Instituto Nacional del Carbón.