Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad de todos los grupos una Proposición no de Ley para pedir a la Junta que se dirija al Gobierno de España con el fin de efectuar cambios normativos que permitan el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales, cuya piramide de edad en la mayoría de los casos es avanzada para ejercer el trabajo en las mejores condiciones.
La proposición no de ley se presenta tras escuchar a los afectados en la sede las Cortes, tal y como señaló la viceportavoz socialista, Ana Redondo, y el procurador del PP Alfonso Fernández Mañueco. Ambos destacaron la postura a favor de la misma por parte de las federaciones nacional y regional de municipios y recordaron el precedente en el cuerpo de Policía Autonómica Vasca.
En la propuesta de resolución, se insta a la Junta a dirigirse al Gobierno central para que, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, proponga la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita adelantar la edad de jubilación de los policías locales mediante el reconocimiento como profesión de riesgo y, a partir de ahí, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad.
La propuesta, que llega a las Cortes tras la aprobación de mociones en tal sentido en el ámbito municipal, recuerda que la modificación legislativa de 2007 en materia de seguridad social sobre la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación ya admitió la profesión de políticia dentro de los colectivos vulnerables que necesitaba ajustar su vida laboral a la situación real.
Respecto del coste del adelanto de la jubilación para este colectivo, tanto Fernández Mañueco como Ana Redondo argumentaron que ese aumento se compensaría con el rejuvenecimiento de las plantillas, su impacto en las cifras de absentismo y periodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de antigüedad y la mejora del rendimiento.
Además, con esta propuesta “razonable”, según Redondo, se terminaría con la desigualdad de los policías locales en las condiciones laborales con otros cuerpos y fuerzas de seguridad como los bomberos. Asimismo, Fernández Mañueco recordó que de aprobarse afectará a 2.430 agentes y mandos de las distintas policías locales que dan servicio a una población de 1,7 millones de habitantes, es decir, el 60 por ciento del total de la Comunidad Autónoma.
También se felicitó por el acuerdo el procurador de UPL, Alejandro Valderas, quien reconoció que con esta medida se aprovechará también para rejuvenecer el cuerpo y crear así otro yacimiento de empleo para los jóvenes.