Los vecinos del barrio ponferradino de Compostilla y Navatejera (León) dan un paso más en su oposición a las centrales de biomasa y redes de calor que la Junta de Castilla y León pretende realizar en dichos barrios.
Mientras se tramitan los cuatro juicios que han iniciado contra los permisos de estos proyectos, estas Asociaciones han presentado en Estrasburgo una queja que acaba de ser admitida a trámite, en la que denuncian los incumplimientos en los préstamos europeos concedidos para su financiación.
En concreto, señalan que la ejecución de esos préstamos “incumple normativa comunitaria y los acuerdos del Banco Europeo de Inversiones”, que ha permanecido pasivo ante dichos incumplimientos, lo que da pie a que intervenga el Defensor del Pueblo Europeo.
Los afectados señalan que "estas centrales infringen las condiciones de los acuerdos de financiación pues no son sostenibles ni mejoran el cambio climático ni la prevención de incendios forestales, como obligaba el documento firmado en su día. Tampoco mejoran el sector forestal ni promueven el uso tradicional y alternativo de los recursos forestales; de hecho, ya se están plantando especies invasoras como eucaliptos en el Bierzo". Por último, señalan que "los proyectos infringen la normativa ambiental y urbanística".
Por todo ello, las Asociaciones denuncian que se incumplen manifiestamente los requisitos y condiciones del acuerdo de financiación firmado en su día y que se puede estar frente a un presunto fraude a los préstamos destinados a la lucha contra el cambio climático.
La denuncia ciudadana “solicita una investigación sobre la mala gestión del Banco Europeo y la financiación contraria a la normativa concedida al Project Castilla y León Climate Change y los proyectos de ejecución del mismo”. “El proyecto de Ponferrada —informa la Asociación de Compostilla— ni siquiera ha pedido y obtenido la necesaria licencia ambiental ni ha sido sometido a información pública, privando del necesario conocimiento y transparencia pública.”.
Para los denunciantes, además, “es sospechosa la rápida contratación en Ponferrada por parte de SOMACYL de la empresa ACSA, involucrada presuntamente en varias causas de corrupción que están actualmente en investigación”. Las Asociaciones denuncian que se pretende importar gran parte de la biomasa desde fuera de la provincia de León en grandes camiones, lo que elimina la supuesta sostenibilidad de estos proyectos.
Los afectados también denuncian que “es inentendible como un organismo de la Unión Europea puede conceder un préstamo de 50 millones de euros, de los cuales ya se han desembolsado 31 millones de euros, sin controlar de modo alguno los subproyectos de ejecución de Ponferrada y Navatejera.”
Finalmente, AFUBIONA y los vecinos de Compostilla transmiten al Defensor Europeo su preocupación por la pasividad de la Junta y del Banco Europeo de Inversiones ya “con sus actuaciones está perjudicando gravemente a cientos de ciudadanos que se están viendo afectados por estos proyectos y, además, se está incumpliendo de forma reiterada la normativa en materia de transparencia”.