Ecologistas en Acción de León pide a la Junta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y el Ayuntamiento de Bembibre la paralización del procedimiento de autorización ambiental y evaluación de impacto de la planta de producción de amoniaco renovable que promueve una filial de la empresa Capital Energy. La organización señaló que los informes del Consistorio y del organismo de cuenca son preceptivos y vinculantes y cualquiera de ellos, si fuera negativo, daría lugar al archivo del expediente.
“El amoniaco producido sustrayendo anualmente cerca de 1.000 millones de litros de agua potable del abastecimiento urbano de Bembibre no es verde ni renovable”, aseguró Ecologistas que indicó que el proyecto requerirá la construcción de nuevas infraestructuras: una línea aérea de alta tensión de 11,4 kilómetros para tomar la energía eléctrica de la red de transporte; y un hidroducto de 3,4 kilómetros para evacuar el hidrógeno excedente a la red gasista nacional. “Estas infraestructuras ni se han proyectado ni se ha estudiado su impacto conjuntamente con la planta de amoniaco, en otro claro ejemplo de fragmentación fraudulenta de proyectos”, añadió.
Por otra parte, consideró que no parece sensato admitir la solicitud de autorización de un proyecto cuya justificación y finalidad se desconoce, puesto que no se sabe el destino y el uso de la producción anual prevista, 26.459 toneladas de hidrógeno y 148.140 toneladas de amoniaco. Además, indicó que su viabilidad económica y ambiental “no está demostrada”. Tampoco, denunció, consta estudio de eficiencia energética que determine la tasa de retorno de la enorme cantidad de energía eléctrica que se prevé consumir, 325,3 megavatios de consumo instantáneo máximo y un consumo anual de 2.937 GWh.
En la planta proyectada, advirtió la organización ecologista, se almacenarán sustancias peligrosas como “amoniaco, H2, hidróxido de potasio y aceites”. La capacidad de almacenamiento en estado líquido se estima en 4.000 toneladas, cantidad que supera ampliamente el umbral de 200 a partir del cual se aplica el nivel superior de exigencia del Real Decreto 840/2015 sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (conocido como Directiva Seveso).
