La investigación comenzaba en el año 2016 cuando el juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada abría diligencias contra las empresas Rabcor, Sanea Control y el grupo Lucaser por la programación en Villafranca de cursos de formación para la obtención del carnet de manipulación de Fitosanitarios, unos cursos con los que presuntamente se cometió estafa a cerca de 7.000 agricultores del noroeste peninsular a los que se le cobraban entre 100 y 150 euros por obtener un carnet que no se necesitaba.
El Ministerio Fiscal considera que se les debe juzgar por un delito continuado de estafa, como delito de masa, en concurso con un delito de falsedad en documento oficial. Para los seis investigados se piden penas de prisión que van entre 48 y 75 meses, según la implicación en el caso, además de la restitución de las cantidades estafadas.
La investigación comenzó hace dos años, cuando efectivos de la Guardia Civil de León procedieron a la investigación de 8 personas por su implicación en presuntas irregularidades en la realización de cursos de Formación de Fitosanitarios. La operación se inició a raíz de la información y colaboración facilitada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León donde se ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de Fitosanitarios para la obtención del carnet. Fruto de la colaboración entre la Guardia Civil y La Junta de Castilla y León, tras el minucioso estudio de la documentación se desarrolló de manera coordinada una investigación e inspección de varios de los cursos que se estaban desarrollando.
Precisamente el responsable de Asaja en Castilla y León fue testigo directo de uno de estos cursos en Villafranca del Bierzo, donde desembarcaban autobuses con agricultores gallegos al parador, donde también recibían supuestamente las clases prácticas y donde también se examinaban de forma exprés y con presunta ayuda de los monitores.
En las investigaciones se pudo constatar que varias empresas ofertaban estos cursos de formación compuestos por una primera fase on-line con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con 9 horas. Posteriormente, se detectó que en la fase del curso on-line se estaba haciendo un uso masivo de las mismas direcciones IP por múltiples alumnos y además en unos tiempos muy reducidos, lo que hizo sospechar que eran realizados por robots informáticos o por un mismo usuario que al conocer las respuestas iba contestando las preguntas en el mínimo tiempo posible sin tiempo para leer el contenido ni analizar las preguntas. Igualmente, la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Junta de Castilla y León, detectó en la fase presencial de los cursos que se estaban desarrollando en diferentes sedes de la comarca del Bierzo, múltiples irregularidades.