La Sección Tercera de la Audiencia Provincia de León acogerá los días 2, 3 y 4 de abril el juicio contra el exalcalde de Bembibre, José Manuel Otero, y cinco miembros de su Junta de Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa en la prórroga del contrato de las piscinas climatizadas y residencia El Santo, incluyendo las piscinas de verano y escuela infantil municipal.
La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, en una entrevista en la emisora FM Bierzo, aseguró que la sesión tendría que haberse celebrado el pasado mes de octubre, pero que “se ha ido prorrogando en el tiempo por varias suspensiones”.
Los hechos que se juzgan se remontan al año 2013 a raíz del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que acordó la prórroga del contrato de las piscinas y residencia el Santo. A Esta decisión desencadenó una serie de procedimientos judiciales en el Orden Contencioso de la Jurisdicción que terminaron en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarando la nulidad del acuerdo.
En 2017 el que fuera portavoz del PSOE, entonces en la oposición, Manuel Ángel Rey, interpuso denuncia penal por presunta prevaricación contra el exalcalde y los integrantes de la Junta de Gobierno Local que tomaron la decisión: Federico Fernández, Serafín Vázquez, Laura Álvarez, Gloria Castro y César Alfonso Ferrero.
Las diligencias fueron incoadas a raíz de la contratación con Clece de la gestión de la residencia de ancianos y las piscinas climatizadas, añadiendo, posteriormente, las piscinas de verano y la escuela de educación infantil (la guardería municipal).
El Contencioso Administrativo llegó a contemplar que la contratación eludió las normas aplicables, pero la causa penal quedó archivada al entender la magistrada que “no hubo el asesoramiento que debió tener el Ayuntamiento por parte de los técnicos municipales” y que, por ello, “no hubo reparo a las actuaciones”.
Sin embargo, la resolución del proceso paralelo en el Orden Contencioso advirtió de “desobediencia” al negarse a ejecutar una sentencia anterior que había declarado la nulidad del contrato. Por ello, la magistrada del Juzgado número 8 de Ponferrada decidió reponer la investigación contra los ediles integrantes de aquella Junta de Gobierno Local.