La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y la Diputación de León constituirán en los próximos días una comisión mixta que se encargará de identificar los objetivos de infraestructuras y determinar qué obras se llevarán a cabo para “garantizar que ninguna población de la provincia tenga problemas de abastecimiento de agua”.
Esta comisión se creará en el marco del protocolo del Plan de Abastecimiento de Agua Potable firmado hoy por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, para trabajar en “la llegada del agua a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes que la necesitan y tienen problemas”.
Para ello, la comisión mixta estará integrada por técnicos de las dos administraciones, que serán los encargados de “determinar las soluciones, acordar la financiación necesaria y establecer la forma de gestionar adecuadamente la gobernanza nuevas infraestructuras”, al tiempo que “darán preferencia a los abastecimientos mancomunados para varias poblaciones”, al tratarse de “lo más eficiente”.
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Serán los técnicos también los encargados de marcar los objetivos, los plazos y el orden de prioridades de las intervenciones, entre las que Suárez-Quiñones aludió, por ejemplo, a los casos inicialmente identificados de Fabero, Villafranca del Bierzo o el alfoz de Astorga. Las obras que se deberán llevar a cabo serán financiadas al 40 por ciento entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de León con fondos propios, mientras que los ayuntamientos beneficiarios aportarán el 20 por ciento restante.
En definitiva, se trata de “una actuación responsable para conseguir que ninguna población de la provincia tenga problemas de abastecimiento, especialmente en verano con la llegada de turistas”, según apuntó el consejero de Medio Ambiente.
Por su parte, el presidente de la Diputación de León puntualizó que con este protocolo se pretende “el estudio de alternativas y el diseño de un programa de actuaciones en materia de infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua”.
Así, las obras que se llevarán a cabo afectarán, por ejemplo, a “abastecimientos mancomunados o colectivos, la construcción o ampliación de depósitos, soluciones individuales sostenibles y la gestión eficiente de la infraestructuras creadas” dentro de “un servicio básico”, como es “garantizar suministro de agua en cantidad y calidad suficientes”, algo “fundamental para el desarrollo social y económico de la provincia”.
El protocolo firmado hoy por Suárez-Quiñones y Álvarez Courel se suma al convenio firmado el pasado 6 de mayo por los presidentes de las nueve diputaciones provinciales con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para la renovación de las redes de abastecimiento y la mejora en la eficiencia para la gestión del agua potable en las poblaciones de menos 20.000 habitantes.
Dicho protocolo, según puntualizó el consejero, contará con 90 millones de euros entre las diputaciones y el Gobierno autonómico y con la participación de fondos europeos, para el cambio de redes interiores en los núcleos de población, así como su digitalización para “evitar las pérdidas de agua”.
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Desarrollo del medio rural
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que el convenio firmado este lunes con la Diputación de León y el rubricado con el presidente autonómico se suman a otro en materia de vivienda y otro de depuración de aguas residuales, al tratarse de “instrumentos capitales para el desarrollo del medio rural en la provincia de León”
En cuanto al convenio para la depuración de aguas residuales de la provincia mediante las estaciones de depuración, Suárez-Quiñones recordó que se firmó el pasado año y cuenta con un presupuesto de 35.728.000 euros repartidos en 55 actuaciones, algunas de las cuales están ahora mismo en marcha. Además, avanzó que la Plataforma de Contratación publicará el próximo jueves el estado de licitación de un total de siete, mientras que, en estos momentos, otras tantas están pendientes de aprobación en los ayuntamientos y nueve en estado de redacción.
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