Al respecto, el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Cooperación y del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Matías Llorente, destacó que este reparto de subvenciones contribuyó a ampliar la oferta de ocio en la provincia durante el periodo estival y a financiar los costes que habría supuesto para los ayuntamientos y juntas vecinales abrir estas instalaciones cumpliendo los requisitos exigidos.
Con un presupuesto de 600.000 euros, esta línea de ayudas surgió en el contexto de la pandemia con el objetivo de impulsar la contratación temporal de desempleados por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes o juntas vecinales titulares de piscinas y playas fluviales abiertas al público en verano.
De este modo se pretendía anular el impacto económico que para los municipios podía suponer la contratación de este personal adicional para cumplir con las medidas sanitarias exigidas. Entre otros protocolos, estas medidas establecían que se debían realizar labores de limpieza y desinfección en las zonas de estancia y tránsito de los bañistas al menos dos veces al día, especialmente en vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos.