La Junta de Castilla y León respondió la noche del pasado domingo, ante el requerimiento del Gobierno de España sobre el protocolo a la mujer embarazada, que “cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas”, la primera, "el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios."
Además, en un comunicado recogido por Ical, el Ejecutivo autonómico añade que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. “Velará porque se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”.
Ante esta situación, la Junta de Castilla y León “estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León” y, por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará mañana la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad.
En su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España, por un lado, que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, “al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia”.
Alfonso Fernández Mañueco celebra su victoria en las elecciones de Castilla y LeónEn segundo lugar, le recuerda, que la Junta “tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias”, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario.
“Las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias”, le recuerda al Ejecutivo central.
Si esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido “íntegra e inmediatamente” por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.
La Junta de Castilla y León estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma, sentencia el comunicado.
El escrito incide en que se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, “por supuesto”, se asegurará la aplicación del protocolo, bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, “como ya le explicó el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes”.
“Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley”, añaden desde la Junta.
García-Gallardo asegura que el protocolo es “obligatorio” para los sanitarios y voluntario para las embarazadas
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aseguró este lunes que el protocolo para mujeres embarazadas, con las medidas anunciadas la semana pasada, es “obligatorio” para los profesionales sanitarios y voluntario para las gestantes, que podrán rechazar las pruebas y asistencia que se le ofrezcan en Castilla y León para mejorar su información.
García-Gallardo, que fue entrevistado en el programa de Ana Rosa de Telecinco, negó que exista polémica con este asunto y defendió que se mantiene lo comunicado el pasado jueves, tras el Consejo de Gobierno. A su juicio, ha sido creada por la izquierda y las “terminales mediáticas” para infundir “miedo” y generar una “cortina de humo” para tapar que casi 200 agresores sexuales están “en la calle” con la ley de ‘sólo sí es sí’.
“Es sólo un primer paso”, dijo el vicepresidente de la Junta para enmendar un error de décadas en el que aseguró se llega “tarde”. “Llegamos tarde, vamos a enmendar un error de décadas”, dijo por una clase política que ha desatendido el derecho fundamental a la vida.
Además, Juan García-Gallardo cifró en 2.500 niños los que dejan de nacer cada año en la Comunidad y añadió que se trata de proteger a las mujeres, no de lo contrario. También defendió que Castilla y León es la comunidad donde más ayudas se ofrecen a la maternidad y puso a Hungría como ejemplo de estas políticas, un país, recalcó, de la Unión Europea que va como un “tiro”.
