‘Macrocontrato’
Durante el mandato de Samuel Folgueral nació el conocido como ‘macrocontrato’, en alusión a una licitación que unificaba el contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de basura y mantenimiento de parques y jardines. Dicha licitación se concedió a FCC, por un plazo de 17 años más 3 prorrogables, a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos. Entonces Urbaser, la otra empresa que aspiró al servicio, presentó alegaciones al considerar que su oferta era más ventajosa desde el punto de vista económico. El TSJ anuló finalmente el ‘macrocontrato’, instando al Ayuntamiento a solucionar el problema de este servicio, que se ha alargado durante más de tres años.
Tras la exclusión de FCC, Urbaser era la única empresa que quedaba de las que se presentó al concurso inicial y los trámites se orientaban a la adjudicación a Urbaser. Pero un recurso presentado por el PRB al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) volvió a provocar un giro en la situación de este servicio, al concluir que Urbaser también debía quedar excluida del proceso por defectos en su oferta.
La solución lleva esperando desde entonces, también durante la alcaldía de la popular Gloria Fernández Merayo, periodo durante el cual FCC ha ejercido la gestión en funciones y sin contrato. Los partidos políticos del consistorio nunca llegaron a solucionar sus discrepancias, lo que obligó a la entonces alcaldesa a solicitar la ayuda de un informe externo. Éste arrojó dos posibles soluciones jurídicas: por un lado, la adjudicación a Urbaser del contrato y por otro, la renuncia al contrato para volver a licitarlo elaborando nuevos pliegos conforme a la normativa actual.
Como portavoz de la oposición en aquel momento, Olegario Ramón comparó el desastroso estado del ‘macrocontrato’ con un perjuicio para Ponferrada equiparable al fraude del Mundial de Ciclismo, y achacó la falta de soluciones a la “incompetitividad” de la entonces alcaldesa.
Los años pasaron, llegó la campaña electoral y el fantasma del ‘macrocontrato’ sigue vagando por el Ayuntamiento de Ponferrada sin encontrar una solución. Durante la campaña electoral, Olegario Ramón manifestó su intención de asumir la gestión directa y municipalizar estos servicios. Una vez sentado en la silla presidencial del consistorio, el ‘macrocontrato’ encabeza la lista de los grandes retos del alcalde socialista.
Transporte Urbano de Ponferrada
El estado de los autobuses urbanos de Ponferrada marcó significativamente los mandatos de Carlos López Riesco, Samuel Folgueral y Gloria Fernández Merayo -por su inacción y el pago de la cuenta sin hacer ni mutis-. La gestión de los TUP se encuentra externalizada en la UTE Begar-Aupsa con prórroga desde que el contrato expirase en 2012, sin que hasta ahora ningún equipo de Gobierno haya dado pasos definitivos en relicitar el servicio, que cuesta cada año a los contribuyentes más de 1 millón de euros anuales en déficit.
En su papel de oposición, el PSOE denunció en numerosas ocasiones que el transporte de la ciudad padecía una “situación desastrosa” e instó al Gobierno popular a admitir la gestión directa del servicio. Ocho autobuses de la flota superan el millón de kilómetros cada uno y los microautobuses sufren fallos y averías constantes. Además, los representantes socialistas señalaron en su día que los gastos derivados de la prestación del servicio a la empresa que lo presta de manera alegal, podría haberse destinado a la renovación de la flota.
Al igual que sucedió con el ‘macrocontrato’, Olegario Ramón achacó el retraso en las comisiones del TUP a la batalla abierta dentro del equipo de Gobierno. El TUP genera un déficit anual de millón de euros, que se afronta desde las arcas municipales con reconocimientos extrajudiciales de crédito. Durante la campaña electoral, el ahora alcalde socialista manifestó firmemente su apuesta por municipalizar la gestión del transporte urbano en Ponferrada. ¿Cumplirá Olegario Ramón con su promesa o el TUP seguirá atascado en la decadencia?