Alrededor de 11.800 personas murieron en Castilla y León pendientes de una resolución de grado y de prestación de dependencia, según datos del Observatorio Estatal de Dependencia, que hoy publica un informe sobre la evolución del XVIII Aniversario de la Ley de Autonomía Personal.
Con información oficial de once años y una estimación desde 2008, el Observatorio estima que 320.700 personas han fallecido en España esperando que se les reconociera el grado y 541.500 lo han hecho a la espera de recibir un servicio o prestación a la que tenían derecho.
Respecto a Castilla y León, el número de beneficiarios de las prestaciones por dependencia desde 2006 hasta octubre de este año se elevó a 325.296. El tiempo medio en días desde la solicitud hasta la resolución de servicio de prestación en Castilla y León se eleva a 126 días, frente a los 330 de la media española y los 618 que esperan los andaluces. La Comunidad es la segunda en el que el tiempo de demora es menor, sólo por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta, con 57 días.
El gasto público por población potencialmente dependiente en 2024 está en los 150,83 euros, frente a los 182 que se gastan en La Rioja. El tiempo medio de las resoluciones en Castilla y León está en 118 días y el tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación está en 126 días.
Respecto a las personas beneficiarias y prestaciones o servicios en 18 años, el histórico de prestaciones en Castilla y León se eleva a 419.745 y el histórico de beneficiarios aglutina a 325.296 personas.
Desde el Observatorio se recordó que el 14 de diciembre de 2006 se aprobó la Ley 19/2006 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal y 18 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, su potencial sigue sin desarrollar.
"Los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto a la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema ‘low cost’ (bajo coste) que poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo. Por ello, antes de los anuncios de aprobar una nueva Ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años”, indicó el Observatorio.
Un total de seis comunidades autónomas han visto reducida la financiación estatal de la dependencia en 2023 por haber certificado en 2022 un gasto inferior a la media 20-21. Estas comunidades recibieron menos cantidad de la que les hubiese correspondido si no hubiesen recortado sus presupuestos en años anteriores. Castilla y León recibió 25 millones de euros, una cifra similar a la de Cataluña.
Un total de 103.083 españoles se encontrarán en el “limbo de la dependencia” cuando termine diciembre de este año. Durante 2024, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 24.549 personas, y a este ritmo se tardarían cinco años en lograr la plena atención, siempre según el Observatorio de Dependencia, que reclamó que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos acometan reformas que agilicen los trámites. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”.
“Manifestamos nuestro pesar por no haber podido presentar en el Congreso de los Diputados este informe elaborado con motivo de la mayoría de edad de la Ley, al denegarnos una sala. Desde hace 30 años venimos haciendo seguimiento y contribuyendo a la implementación de los Servicios Sociales, y somos sistemáticamente marginados por gobernantes que no toleran la fiscalización de la sociedad civil a la impericia de su gestión”, concluyó.
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