El Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia impone una condena de tres años y tres meses de cárcel a un preso que en octubre de 2018 agredió a un funcionario del Centro Penitenciario de Segovia, que sufrió traumatismos en mandíbula, antebrazo derecho, quinto dedo izquierdo de la mano y glúteo derecho. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calificó la sentencia de “ejemplarizante”.
El preso, que ya se encontraba en la prisión de Segovia por un delito de atentado, entre otros, recibe esta nueva condena por un delito de atentado contra funcionarios de la autoridad, uno de amenazas graves y otro delito leve de lesiones.
El sindicato CSIF, que ejerció la acusación particular del funcionario en este juicio, aseguró que seguirá defendiendo y apoyando a los trabajadores de prisiones, “para que caiga todo el peso de la ley sobre cualquier interno, que agreda a un funcionario en el desempeño de sus funciones”, además insistieron en que “son muchas las agresiones y amenazas que se producen, y que la administración penitenciaria no puede mirar para otro lado, en estas situaciones”.
El auto del Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, con fecha de 12 de marzo de 2021, declara expresamente probado que el preso V.J.G., sobre las 18.30 horas del día 26 de octubre de 2018, cuando se encontraba en su celda del centro penitenciario de Segovia, requirió a voces la presencia de los funcionarios, quienes se presentaron para evitar incidentes, no cesando el acusado de gritar, momento en el que, cuando fue requerido a que se pusiera contra la pared para ser cacheado, y con ánimo de menospreciar el principio de autoridad, propinó dos puñetazos en la cara al funcionario, teniendo que ser reducido el agresor.
El acusado, cuando era trasladado a la celda de aislamiento, profirió graves amenazas a gritos, e intentó provocar un motín. En el fallo de la sentencia, se detalla que se condena al acusado como autor responsable de un delito de atentado contra funcionarios de la autoridad, con agravante de reincidencia, a la pena de dos años y un mes de prisión; más otro año y un mes por un delito de amenazas graves.
Asimismo, por un delito de lesiones, se impone dos meses de multa, con una cuota diaria de dos euros, y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Además, se le condena al abono de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular que ha ejercido CSIF. En relación a la responsabilidad civil, se condena al acusado a indemnizar al funcionario agredido en la cantidad de 420 euros.
CSIF insistió en que lleva más de tres años pidiendo al Ministerio del Interior, a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y a todos los partidos políticos, “que se cubran las vacantes de personal” que se acumulan el Centro Penitenciario de Segovia y en todas las prisiones de Castilla y León; que se aporten más medios; y una mayor determinación de la Administración para intentar erradicar las agresiones y cualquier tipo de violencia en los centros penitenciarios, para poder trabajar con seguridad.
En este momento, las vacantes que hay en la prisión de Segovia suman 70, y en toda la Comunidad unas 690. Esta cifra supone, aproximadamente, la cuarta parte de los más de 2.800 puestos contemplados en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros penitenciarios de Castilla y León.