csLa plantilla actual en Castilla y León asciende a 1.845 empleados, en un 90 por ciento funcionarios y el resto laborales. El número global de trabajadores resulta, en opinión de CSIF, “totalmente deficitario”, y más aún cuando, según los cálculos realizados por el propio sindicato, “en muchas de las provincias de la Comunidad se podrían jubilar desde ahora y hasta el año 2025 más del 50 por ciento de los trabajadores, sin que se esté produciendo un reemplazo”.
Para CSIF, la contratación anunciada de 119 interinos, del grupo A2 (gestión) y C1 (administración) “no es la solución”. “A corto plazo, no serán de gran ayuda, ya que por el tipo de prestaciones que gestiona el personal se precisa de cierta especialización que difícilmente podrán adquirir de forma rápida”, sostiene Juan Carlos Berciano, miembro de la junta de personal de León, quien denuncia que eso supondrá “precarizar aún más el funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social”.
“El sistema está perdiendo mucho conocimiento”, apunta Berciano, quien asegura que “la rápida merma de un personal cualificado con más de 30 años de experiencia hace inviable el necesario traspaso de conocimiento entre el personal”, y repercute en “un aumento de la carga de trabajo” para los empleados que siguen realizando sus tareas “y las de los jubilados que no son reemplazados”.
CSIF reclama a la Administración central que “reduzca los plazos de todas las ofertas de empleo público” para que, de esta forma, los futuros trabajadores “comiencen a trabajar lo antes posible” y no se dilaten los plazos entre que sale la oferta pública, se realizan las oposiciones y se incorporan al trabajo. “No es de recibo que pase un año en todo el proceso selectivo”, apostilla.
Concentración en Madrid
El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración General del Estado, ha convocado una concentración frente a la sede del Ministerio de la Seguridad Social, en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid, el próximo viernes 18, a las 11.00 horas, para denunciar la situación que su sufre ese servicio en toda España, por la falta de plantillas, el retraso en la gestión de las prestaciones, o el incumplimiento del Gobierno de los acuerdos sobre personal.
