El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del real decreto-Ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, a fin de permitir los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando un sistema de protección se halle al triple de su capacidad ordinaria.
La previsión del Gobierno es que la norma obtenga los apoyos necesarios para ser refrendada. En concreto, el decreto-ley reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, en línea con la proposición de ley pactada entre Coalición Canaria, PSOE y Sumar que el pasado mes de julio fue inadmitida a trámite por el Congreso.
En primer término, esta medida pretende resolver la situación de unos 4.000 menores acogidos en Canarias y de otros 400 en Ceuta, que deberán ser trasladados a otras comunidades en los próximos 12 meses. Sin embargo, su intención es “ofrecer una respuesta estructural” y “dimensionar el sistema de acogida a nivel nacional”, ya que cualquier comunidad podrá recurrir a este mecanismo si demuestra que su sistema de protección a la infancia ha alcanzado el triple de ocupación.
En la actualidad, se estima que Canarias atiende a unos 5.800 menores migrantes (incluidos 1.200 solicitantes de asilo) y Ceuta a Más de 440. Están claramente saturados y no pueden ofrecer una atención adecuada a toda la infancia migrante que albergan.
Criterios
El decreto-ley establece una serie de criterios objetivos para determinar el número de menores que debe ir a cada territorio. El mayor peso corresponde a la población de cada comunidad autónoma (50 por ciento), y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita, el nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener (según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia).
Un 6% del reparto dependerá del número de menores acogidos en cada territorio en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores se trasladarán), mientras que un dos por ciento deberán viajar a comunidades no insulares. El mismo porcentaje serán trasladados a territorios “no fronterizos”, y la dispersión demográfica de cada región también representará un dos por ciento.
Según estos requisitos, un porcentaje importante de los 4.400 menores migrantes acogidos en Canarias y Ceuta deberían ser trasladados a Madrid, que presenta un alto volumen de población, muy poco dispersa además, un nivel de renta elevado, baja tasa de desempleo, y un sistema de acogida poco desarrollado para lo que le correspondería.
Andalucía es otro territorio llamado a recibir un número importante de estos menores, dado su volumen de población y las plazas de su red de protección. Cataluña, que también presenta un alto número de habitantes, renta per cápita elevada y baja tasa de paro, será en cambio la que menos menores recibirá. La razón es que su sistema de acogida, con casi 4.600 plazas, tiene mil más de los que le corresponde, según los cálculos del ministerio.
Con la introducción de este criterio, el Gobierno se asegura que el decreto-ley contará con el apoyo de Junts per Catalunya, que en julio tumbó el primer intento de reforma de la Ley de Extranjería en este sentido al votar junto a PP y Vox.
Según lo establecido en el decreto-ley, las comunidades tenían hasta el 31 de marzo para informar al Ministerio de Juventud e Infancia sobre las plazas disponibles en sus sistemas de protección, así como del número de menores migrantes acogidos.
Aragón no facilitó dato alguno, mientras que Madrid y Extremadura ofrecieron una información “muy poco precisa”. Por ello, el Gobierno les ha dado hasta este jueves para remitir los datos que se les piden y que el Ministerio de Infancia necesita, a fin de elaborar una propuesta de un protocolo para el reparto, que después se presentará en la conferencia sectorial del ramo.
Financiación
El Ministerio de Hacienda ha aprobado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para compensar el “sobreesfuerzo” que las comunidades receptoras han de hacer para asumir la acogida de los menores trasladados.
Sin embargo, las comunidades deberán certificar que primero cumplen con un mínimo de plazas considerado "idóneo" y que los menores que lleguen implican la superación de este umbral, y recibirán financiación por el exceso a partir de dicho límite.
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