El fiscal superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena, alertó este lunes en las Cortes de que en la “mayor parte” de los delitos en el ámbito de la jurisdicción de los menores intervienen medios digitales como el teléfono, las aplicaciones y las redes sociales. En este sentido, se mostró esperanzado en que este tipo de acciones descienda con la puesta en marcha de algunas medidas como la prohibición del uso del teléfono móvil en las aulas.
En la presentación en el Parlamento autonómico de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al 2022, Mena subrayó que los delitos por abusos sexuales aumentaron un once por ciento con respecto al año anterior, hasta los 61. Agresiones que, precisó, atentan contra la libertad sexual pero también tienen un trasfondo de exhibicionismo. Apuntó en este sentido que para los jóvenes cometer un acto delictivo que les satisface “se convierte en mucho más completo si se da a conocer a sus seguidores y cuanto más mejor”.
En este sentido, recordó que los medios de comunicación y la sociedad comprueban que esas “auténticas barbaridades” cometidas por los jóvenes se deben colgar, de forma inmediata, en las redes sociales para que lo sepa el mayor número de personas posibles. “Además de delincuentes, piensan lo buenísimos que son porque han hecho la mayor barbaridad para que todos los demás les den el ‘like’”, señaló.
Santiago Mena ofreció, según la Agencia Ical, algunos de los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía de Castilla y León como los procedimientos en material penal, que representan la actividad principal de los órganos durante el año 2022, cuando se incoaron 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado. Es decir, un volumen total de nuevos procedimientos de 97.437, casi 100.000, que supone un 9,3 por ciento más que las del año anterior, en el que se incoaron 89.126 asuntos por estos mismos conceptos. Crecieron, además, un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan las mismas mismas cifras que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000.
Los delitos contra la libertad sexual crecieron casi un 20% en 2022 en Castilla y León, hasta totalizar 1.354 procedimientos incoados en la Comunidad, de los que 1.021 lo fueron en diligencias previas, concepto que incluso se incrementa más, un 25 por ciento.
Además, se acordaron 32 medidas de prisión provisional, un 18 por ciento menos que el año anterior. Se redactaron por las fiscalías 215 escritos de acusación frente a las 188 del año anterior, un 14,3 por ciento más que en 2022; y se dictaron 228 sentencias, 16 menos, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento. Igualmente, en 2020 el número de calificaciones fue de 164 y 122 sentencias; mientras que un año antes, de 188 y 168, respectivamente.