Efectivos de la Policia Nacional han detenido a dos mujeres acusadas de prostituir a otras seis mujeres en un club de alterne de la provincia de Valladolid. La investigación se abrió el pasado junio cuando una de las víctimas consiguio huir del local y una vez fuera contactó con la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valladolid.
El testimonio de la víctima relató cómo fue captada y engañada por sus explotadoras en otra provincia mediante la falsa promesa de un puesto de trabajo como camarera en el club, siendo además una de las proxenetas la encargada de orquestar su traslado hasta el lugar.
Una vez allí, la mujer comprobó que la promesa laboral no existía y se le exigió ejercer la prostitución, a lo cual según apuntan fuentes de la investigación en un comunicado recogido por Ical, se vio abocada para subsistir ante su situación de vulnerabilidad y necesidad, y debía entregar a sus explotadoras una cantidad de dinero fijo por cada servicio sexual que realizaba.
Las acusadas, le facilitaban a sus víctimas cocaína como “incentivo” cuando el número de clientes atendidos era satisfactorio. De esa forma, lograban aumentar la dependencia y control sobre las víctimas, a las que exigían disponibilidad absoluta, ejercer todos los días de la semana a partir de las 18:00 sin hora de finalización, a menudo hasta el amanecer, aunque se encontrasen enfermas o indispuestas, y entregar a sus explotadoras la mitad del importe de las consumiciones de cada cliente y restricciones en las salidas del club.
La situación de insalubridad se extendía a todo el club, las condiciones de habitabilidad del lugar eran denigrantes, carecían de luz y agua caliente, disponiendo de un generador y una estufa de leña en la sala que llenaba de humo el inmueble, debiendo calentar agua en cazos para asearse y careciendo de cualquier medida de higiene, por lo que convivían incluso con plagas de insectos.
Cuando las proxenetas, la regente del club o bien su lugarteniente, se ausentaban, permanecían encerradas en el interior con cadenas y candados para evitar su huida. Además, la regente del club empleaba de manera reiterada amenazas y coacciones, como mecanismos de control sobre las mujeres, infundiendo temor haciéndolas creer que contaban con influencias entre las autoridades para poder perjudicarlas o deportarlas a su país de origen, llegando a agredir físicamente a las víctimas.
En el marco de la operación policial, denominada ‘Papaya’, y para la liberación de las víctimas y detención de las presuntas responsables, se solicitó al juez instructor un mandato de entrada y registro tras el cual fueron detenidas dos mujeres.