El PP se unió este miércoles a la oposición y dejó solo a Vox en su exigencia de un “urgente” plan nacional de soberanía energética, al rechazar en votación los dos primeros puntos de la PNL presentada por la procuradora Susana Suárez Villagrá. Los socios de Gobierno sí acordaron solicitar la derogación “inmediata” del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que impone a la ciudadanía un “confinamiento energético” con una “nefasta norma repleta de carga ideológica”.
Desde Vox, aceptaron con cierta resignación (“nos gusta más nuestro texto original, pero entendemos que hay puntos que es inaplazable sacar adelante”, aseguró Suárez Villagrá) las enmiendas presentadas por los ‘populares’ a tres de los seis puntos de su PNL, y se introdujeron así matices definitivos que recogen la postura de sus socios, que apoyaron extender la vida útil de las centrales nucleares pero no programar la instalación de nuevas plantas, como demandaba Vox.
Así, se aprobó poner en marcha todos los mecanismos necesarios para paralizar los desmantelamientos de las centrales térmicas, en las que técnicamente sea posible la reconexión de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética.
“Los españoles deberán pagar los delirantes compromisos de nuestro gobierno ante los burócratas de Bruselas”, señaló la procuradora de Vox, que aseguró que “el panorama es desolador” y calificó como “inasumible” el “expolio a los ya mermados bolsillos de las familias y empresas españolas”.
El procurador del PP Emilio José Berzosa achacó al Gobierno de Pedro Sánchez la “actual agonía energética que sufre España” y acusó a los socialistas de “llevar a la ruina” al país. En su opinión, son precisas “medidas claras” y “hay que contar con todo tipo de energía y hacer un mix energético combinado y sostenible”, que contemple “mantener la vida de las centrales nucleares existentes” y “apostar por la renovables, donde España tiene condiciones privilegiadas”.
Por su parte, la socialista Rosa Rubio Martín se lanzó al ataque frente a los ‘populares’ y recalcó que “las minas las cerró el PP con Mariano Rajoy al frente”, algo que a su juicio “conocen bien en las cuencas mineras de Castilla y León”, y afirmó que “las térmicas y nucleares las han cerrado las empresas, y el decreto de cierre lo cerró un ministro del PP”, antes de rescatar unas declaraciones del senador ‘popular’ Javier Maroto congratulándose tras haber logrado el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.
“En Castilla y León se genera el doble de energía de la que consumimos, pero ser la tercera comunidad en exportación energética debería haber repercutido en esta tierra. España exporta ya más energía fotovoltaica que vino, y ustedes piden un cambio de modelo hacia las terminas y nucleares. ¿Dónde almacenarían esos residuos nucleares, en Soria o en la Sierra de la Culebra? Ese es el futuro que está sembrando Vox”, afirmó achacándoles su voluntad de imponer “un modelo rancio y obsoleto de país”.
Por el Grupo Mixto, el procurador de Cs Francisco Igea acusó a Vox de plantear “barbaridades” con su PNL, que asegura que la situación actual “es culpa de los delirantes de Bruselas y el fanatismo climático”. “¿Y Putin? ¿Y la guerra? ¿Ustedes donde están? ¿En el mundo de Orban, en el polo de la extrema derecha que quiere acabar con el proyecto europeo o dónde?”, inquirió antes de afirmar que “negar las consecuencias del cambio climático en un año como el actual empieza a ser ya paradójico o enfermizo”. “Ustedes sí que son fanáticos, porque van en contra de la realidad”, subrayó antes de resaltar que en Castilla y León se produce el doble de energía de la que se consume y es una región con “soberanía energética”, algo que debería revertir en la propia autonomía. “Apoyamos el mantenimiento de las centrales nucleares pero votaremos en contra”, advirtió.
También intervino el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que acusó a Vox de despreciar y desdeñar a la clase trabajadora, a los más débiles y vulnerables”, al solicitar la derogación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, único punto apoyado sin enmiendas por el PP. Con esa petición, aseguró Fernández, “exigen que 9.392 castellanos y leoneses que obtienen un abono gratuito de Renfe dejen de tenerlo, que más de 48.000 estudiantes dejen de disfrutar de un complemento a su beca de 400 euro, y que más de 70.000 desempleados y autónomos con rentas inferiores a 14.000 euros reciban un bono de 200 euros”. “Eso es Vox, su patria es su bolsillo”, aseguró en declaraciones recogidas por Ical antes de tildar de “demencial y delirante” el “irresponsable negacionismo del cambio climático” promovido por Vox. “No hay planeta B, en su sesera no hay más que el amor por el dinero del lobby de las energías nucleares y más contaminantes”, acusó antes de subrayar su “rechazo frontal” a una iniciativa que calificó como “basura tóxica”.
En su turno de intervención en nombre del grupo UPL-Soria Ya, el procurador José Ramón García denunció el “aislamiento, empobrecimiento, envejecimiento y despoblación” que ha supuesto par ala provincia de León el modelo de transición energética, que “ha sido cualquier cosa menos de transición”. “Queremos inversiones que generen empleo y población, no queremos gasto en proyectos inútiles que con el tiempo quedan abandonados y deteriorados. Volver al pasado ya no es la solución. Lo han hecho mal pero ahora solo se puede avanzar hacia un futuro en el que seamos capaces de cumplir con las necesidades energéticas, reducir impactos ambientales, preservar la economía con una transición sostenible y asegurar un suministro energético fiable y de calidad”, apuntó antes de rechazar la proposición.