El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece el próximo lunes, 1 de abril, en su departamento para informar sobre las acciones que se llevarán a cabo en relación a los proyectos para derogar las leyes y decretos autonómicos sobre Memoria Democrática en Aragón, Comunidad Valenciana y, más recientemente, en Castilla y León, según comunicaron hoy fuentes del Gobierno.
La intervención del canario Ángel Víctor Torres se producirá después de que el pasado miércoles los grupos Popular y Vox, socios de gobierno en Castilla y León, registraran en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley en materia de Concordia, que sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de “honrar y proteger” a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.
Este texto cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio. La iniciativa legislativa ha pasado a manos de los grupos parlamentarios, si bien en un inicio el impulso partió de la propia Junta, que en junio de 2022 comunicó que se iniciaba su tramitación.
Se mantiene la cooperación con las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro a los efectos de las autorizaciones para las exhumaciones, que contarán, como hasta ahora, con ayudas de la Junta, según el Grupo Popular. Como novedad, se crea la Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos.
Así, será ese órgano colegiado, que presidirá el titular de la Consejería que ostente la competencia (en este momento Presidencia), quien se encargue de resolver las peticiones de exhumaciones, con lo que se sustituye al anterior Consejo Técnico como responsable de decidir sobre esas actuaciones.
En el reconocimiento de las víctimas, se contempla la elaboración, actualización y puesta a disposición de los interesados de un mapa de fosas y se establece como un derecho subjetivo la recuperación de las personas desaparecidas. “Toda víctima tiene derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos”, recoge textualmente el artículo octavo de la norma. Respecto a que no haya representación de las asociaciones en la Comisión de Exhumaciones, que deberá constituirse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, para el PP se evita que puedan “ser juez y parte”.
La Administración de Castilla y León promoverá y facilitará todas las actividades dirigidas a la recuperación de restos de víctimas, tales como la investigación histórica y estudio documental, la indagación y recogida de testimonios personales, la prospección y búsqueda sobre el terreno, la exhumación de los restos, el estudio antropológico forense, el análisis genético y comparativa de ADN o la preservación y restitución a los familiares de los hallazgos encontrados.
En la exposición de motivos del texto, se recoge que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores”. Sin embargo, el Decreto de 2018, actualmente en vigor, se inicia con una condena expresa de la dictadura franquista y de la represión, por lo que fue preguntado el popular, quien afirmó que sí existe una condena implícita de la Dictadura en el texto presentado.
La presentación de esta norma cierra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PP-Vox de marzo de 2022, para el que se marcó el compromiso de iniciar su tramitación “antes del 30 de junio” de ese año. Un día antes la Junta anunció, vía comunicado, que había comenzado sus trámites, si bien ya no se volvió a informar de sus pasos ni evolución.
Respecto del plazo de aprobación, está previsto que sea en este periodo de sesiones, que termina a finales de junio, si bien ahora se tramitan los Presupuestos Generales de la Comunidad que tienen prioridad parlamentaria. Una vez admitida a trámite por la Mesa de las Cortes, se enviará a la Junta, que tiene 15 días, para que dé su conformidad. Se podrá incluir en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. Después se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas parciales, tras cuyo debate llegará al plenario para su definitiva aprobación.