CCOO, UGT e Izquierda Unida se han sumado a las movilizaciones que tendrán lugar este sábado, a partir de las 12 horas en diferentes provincias. En la Comunidad están convocadas en Segovia (plaza del Azoguejo), Burgos (plaza del Cid), Miranda de Ebro (calle Estación), Salamanca (plaza de Barcelona) y Valladolid (plaza Fuente Dorada).
Tanto el secretario autonómico de UGTCyL, Óscar Lobo, como su homólogo en CCOO, Vicente Andrés, participarán en la convocatoria que se efectuará en Valladolid, para reclamar el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y sostenible.
En un comunicado conjunto recogido por Ical, ambas organizaciones sindicales destacan la gravedad del problema y la insuficiencia de las medidas adoptadas por las administraciones para facilitar el ejercicio de un derecho fundamental, y recuerdan que es “la clase trabaja dora la principal afectada por esta situación que está lastrando la vida presente y futura de varias generaciones”.
Según UGT y CCOO, las políticas de vivienda aplicadas durante décadas “son directamente corresponsables de que millones de personas no puedan acceder a una vivienda digna, así como del empobrecimiento de la clase trabajadora, que debe destinar gran parte de su salario al pago de alquileres e hipotecas a precios desmedidos”. Además, la situación en Castilla y León está agravada por la resistencia del gobierno autonómico a aplicar las primeras medidas de control de precios derivadas de la ley por el derecho a la vivienda.
En este sentido, ambos sindicatos consideran “urgente hacer cumplir la ley por el derecho a la vivienda ampliando la competencia de declaración de zona tensionada a las entidades locales, en caso de que las comunidades no quieran hacerlo, y condicionando la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la ley”.
Pero no solo se trata del alquiler. Las dificultades para adquirir una vivienda debido al encarecimiento de su precio y su financiación a causa de la especulación se han convertido en un obstáculo para acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Así, CCOO y UGT aluden a la necesidad de “transformar el mercado hipotecario hacia un modelo que garantice y facilite el acceso a la financiación hipotecaria a las personas trabajadoras que deseen comprar una vivienda en condiciones sostenibles”.
También IU
Izquierda Unida Castilla y León se sumará este sábado, 5 de abril, a la protesta convocada por varios colectivos de inquilinos y apoyada por sindicatos y partidos políticos bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’.
La movilización, según un comunicado de la coalición recogido por Ical, pretende luchar contra las sostenidas subidas del alquiler de la vivienda en el país. Según la Encuesta de Condiciones de Vida habría subido un 30% en los últimos años. La explosión de los precios del alquiler tiene lugar en el conjunto del país “lastrando y esquilmando la renta de la población joven, precaria o que precisa de un alquiler para residir en la ciudad donde trabaja o estudia”.
Según IU, Castilla y León no es ajena a este problema y registra subidas del alquiler que hacen imposible la emancipación y construir un proyecto de vida. Además, recuerda que el Consejo de la Juventud advertía de que los jóvenes castellanos y leoneses dedican ya más de la mitad de su renta al pago del alquiler.
“La vivienda es el principal problema para la clase trabajadora y de la gente joven y la Junta y el presidente Mañueco deben ser conscientes de que es preciso articular políticas públicas que hagan que la vivienda se convierta un derecho asequible en lugar de un bien de mercado”, se asegura desde IU.
Por último, se argumenta que la ley estatal de vivienda dotó a las comunidades de herramientas, a la vez que se lamenta que los gobiernos autonómicos como el de Castilla y León se niegan a aplicarla. En este sentido, se apunta que en Cataluña se ha conseguido abaratar los costes del alquiler gracias a ser la primera Comunidad que aplicó la ley de vivienda estatal en zonas tensionadas. “Son necesarias políticas públicas en Castilla y León que actúen para garantizar que la vivienda sea un derecho, no un negocio”.
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