La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio estima un incremento de manadas de lobos en Castilla y León, según el inventario intercensos, elaborado con información recopilada desde el censo de hace una década, que establecía la existencia de 179 grupos de estos cánidos en la Comunidad. Los datos definitivos del censo, cuyo trabajo de campo se ha desarrollado entre 2020 y 2023, se conocerán a partir del mes de octubre, tras el análisis de más de 20.000 indicios de su presencia.
Fuentes de la Dirección General de Medio Natural aclararon a ICAL que el censo es decenal y es “una foto”, pero a través del seguimiento del lobo, en el postcenso, “se realiza un análisis de forma sistemática de la población”. En este caso, indicó que sobre la base de las manadas de 2011, que ascendían a 179, se han llegado a inventariar manadas nuevas entre 2014 y 2018, “lo que no quiere decir que estén de forma simultánea”, con lo que mostró prudencia a la hora de situar esa cifra como nuevos grupos de lobos. “Esto quiere decir que en ese periodo se han inventariado esas nuevas manadas, pero algunas se han podido desplazar, incrementar sus miembros o incluso desaparecer”, apuntan, con lo que la comparación con la información obtenida en el censo de 2012 debe realizarse directamente sobre los resultados del censo que ultima la Junta.
Por ello, explicaron que esta información a lo largo de un periodo amplio “requiere de la concreción a través del censo que se realiza ahora”, aunque sí se puede confirmar en estos momentos el incremento de manadas en provincias como Ávila respecto del censo de 2012. Para alcanzar estos resultados, y que de forma definitiva verán la luz en otoño, desde la Consejería destacan el “importante trabajo” de campo hecho por los agentes medioambientales y los celadores de la Administración autonómica, con la coordinación de los equipos técnicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.
El censo regional 2012-2013 determinó 179 manadas en Castilla y León, enmarcado en el censo nacional de España 2012–2014, que arrojó un total de 297 manadas. Es decir, Castilla y León era área de campeo de seis de cada diez lobos de España y aproximadamente la mitad de la Península Ibérica (incluida Portugal).
En función de medios, tiempo y características de cada lugar, los métodos para determinar el censo son el rastreo de itinerarios para buscar indicios, realización de estaciones de observación (esperas), estaciones de escucha (aullidos) y de fototrampeo. Pero, obviamente, recuerdan fuentes de la Consejería, “ni es posible realizar un seguimiento de todas las manadas de la Comunidad todos los años ni, en consecuencia, es posible actualizar el censo cada ejercicio”.
Actualmente, según la aplicación informática Infolobo, en la que participa la Junta, entre los años reproductores 2012 a 2018, se incluyen más de 7.000 registros de información relativa a 3.400 avistamientos, 450 capturas fotográficas (fototrampeo), 180 escuchas de aullidos, 3.000 registros de indicios (excrementos, rascaduras, rastros de huellas, restos de alimentación de presas silvestres, etc.), a los que se añaden los más de 13.000 indicios hallados en los itinerarios del censo 2012-2013.
De toda la información registrada destacan los datos relacionados con la reproducción: hasta 650 guarismos de detección directa de cachorros desde el año reproductor 2012 (sobre todo mediante su avistamiento directo).
Para el caso particular de las nuevas manadas postcenso se indica si algún año previo se había identificado la zona como “caliente”, es decir, un lugar sin manada que se haya determinado pero con una acumulación destacable de información sobre la especie o lugar para el que se ha rehuido asignarle una manada al valorar que existía un riesgo elevado de duplicar otra ya determinada.
Censo en otoño
Los resultados del censo, cuyo trabajo de campo ya ha finalizado, verán la luz en octubre, tras la recopilación de los datos durante estos dos años por los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente. Una vez concluido, la Junta de Castilla y León aportará estos resultados para la elaboración del informe sexenal del lobo, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) debe reportar en 2025 a la Comisión Europea.
De consolidarse el aumento de la población que desvela el postcenso, las cifras darían la razón al Gobierno autonómico, que ha señalado en varias ocasiones que la especie está consolidada y su supervivencia no corre peligro, motivo por el que se ha posicionado siempre en contra de la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) desde 2021, junto a otras comunidades autónomas del norte de España, en las que se encuentra la mayor parte de las manadas loberas. De hecho, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados han aprobado este año propuestas para sacar al lobo de este listado ante la positiva evolución de su población y los daños causados a la cabaña ganadera.
Medidas preventivas
Por ello, el departamento que encabeza Juan Carlos Suárez-Quiñones, además, ha iniciado en 2024 la redacción de los proyectos de infraestructuras para medidas preventivas, que actualmente se encuentran en tramitación, por un valor de tres millones de euros. Este paso adelante es consecuencia de otro programa de marcaje de lobos con emisores GPS puesto en marcha a finales del pasado año, para mejorar el conocimiento sobre la ecología del lobo y contribuir a la reducción de daños de la especie.
De hecho, se diseñó un plan de choque para la reducción de daños por lobo en explotaciones ganaderas que permitió analizar y entrevistar en campo a más de 200 explotaciones que acumulaban cerca del 60 por ciento de los ataques de lobo en el periodo 2019-2022.
Tal es así, que los ataques del lobo al ganado en Castilla y León alcanzaron los 3.558, con el resultado de 5.566 cabezas muertas en 2023, un incremento del 33 por ciento desde la protección estricta de la especie.