La Junta de Castilla y León insistió este miércoles en que necesario “replantear” en los ámbitos estatal y europeo la gestión del lobo ibérico, incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y cuya presencia tiene efectos que denuncian frecuentemente las organizaciones profesionales agrarias.
“Aquí, hemos tenido una alianza entre todas las comunidades autónomas. El lobo está en una situación que está provocando graves daños para nuestra ganadería y es necesario que esto se replantee a nivel estatal y a nivel europeo”, insistió la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.
“Tuve la oportunidad de trasladarle ayer al Ministerio los ataques tan voraces que provoca el lobo en Castilla y León y le solicité que le trasladase a su compañera de Consejo de Ministros y futura responsable de esta materia en la Unión Europea que tiene que darle una vuelta a la situación de Castilla y León, cuál es la situación de las comunidades al norte del Duero”, añadió.
La consejera hizo esa valoración en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana, adonde acudió para inaugurar la jornada ‘Planeta Agro, la voz del mundo rural’, organizada por el diario La Opinión-El Correo de Zamora.
Recordemos que los estados miembros de la Unión Europea llegaron a un principio de acuerdo este miércoles sobre rebajar la protección del lobo en el territorio comunitario, como había pedido a Bruselas en más de una ocasión la Junta de Castilla y León y otras comunidades autónomas españolas. Sin embargo, España fue uno de los pocos socios europeos que votó en contra de esta medida, que pasará de calificar a este mamífero carnívoro de "estrictamente protegido" a solamente "protegido".
España votó en contra de la reforma de la medida juntamente con Irlanda, según informaron fuentes comunitarias a Ical que se estuvieron en la mesa de negociación. Se abstuvieron Chipre, Bélgica, Malta y Eslovenia. El resto de los 27 estados miembros votó a favor y, por lo tanto, consiguieron firmar un principio de acuerdo por mayoría cualificada, un consenso que tendrá que ser formalizado los próximos días por el mismo Consejo de la Unión Europea y ratificado por el Parlamento Europeo.
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