Los datos escenifican que Castilla y León pierde población joven por el mero hecho de que traslada su residencia a otras comunidades autónomas, ya que, en 2019, la Comunidad era, después de Ceuta, Melilla y Extremadura, el territorio con un saldo migratorio interautonómico más negativo en términos relativos. En cifras absolutas, equivale a afirmar que Castilla y León perdió más de 2.700 personas solamente por la movilidad interautonómica en tan solo un año.
A finales de 2019 la tasa de actividad era del 51,6 por ciento, mientras que en el segundo trimestre de 2020 descendió hasta el 46,9 por ciento. El descenso fue más pronunciado entre el colectivo femenino que entre el masculino, obteniendo unas tasas de actividad del 43 y del 50,7 por ciento, respectivamente. Y es que, el desempleo aumentó 6,2 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2019, hasta situarse en el 27,5 por ciento en el segundo trimestre de 2020. La disminución de la tasa de actividad entre la población joven con estudios superiores, el colectivo con una mayor presencia en el mercado laboral, fue más intensa que en España (de 3,9 puntos en un año).
En relación a la formación y la temporalidad laboral, el informe detalla que uno de los aspectos que distingue a la juventud de Castilla y León del conjunto nacional es la sobrecualificación, ya que el 51,2 por ciento de la población entre 16 y 29 años con trabajo en la Comunidad estaba sobrecualificada en el segundo trimestre de 2020.
En la misma línea, las nuevas contrataciones efectuadas entre menores de 30 años predominaron los de duración temporal, para el 92,4 por ciento en el segundo trimestre de 2020. La mayoría de los nuevos contratos celebrados pertenecieron a la tipología de eventuales (52,5 por ciento), seguidos por los de obra y servicio (32,4 por ciento). De esa forma, tan solo el 7,6 por ciento de los pocos contratos celebrados fueron de carácter indefinido.
Presente y futuro
Durante la presentación del Observatorio, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, afirmó que estos datos reflejan "problemas estructurales que se han visto agravados por la pandemia generada por la COVID-19, situando a las personas jóvenes en una situación aún más vulnerable".
Apuntó a Ical que el coronavirus ha traído consigo "una gran crisis económica, en la que las personas jóvenes son las que han experimentado con mayor intensidad", como se deja patente en la tasa de paro juvenil, la caída de la tasa de actividad y en la caída de la tasa de empleo. Sin olvidar que antes de la crisis sanitaria, la juventud "ya era el colectivo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, así como también el colectivo con mayor precariedad laboral".
La precariedad laboral juvenil, en su mayoría con contratos temporales o que pueden extinguirse de forma rápida y sin apenas costes, "ha significado que los contratos a personas jóvenes hayan sido los más destruidos durante la crisis sanitaria". Además, la juventud participaba laboralmente de sectores ampliamente afectados por la crisis, como son el comercio o la hostelería, recordó.
En este 2021, Ámez subrayó que "es fundamental que las administraciones públicas y otras entidades tengan en consideración las necesidades de la juventud a la hora de plantear medidas para la recuperación ante la crisis del coronavirus". "No podemos ser otra vez el colectivo que se queda a la cola de la recuperación, sino que se tiene que poner el foco y el objetivo en la juventud de la Comunidad, planteando medidas y acciones que realmente frenen el paro juvenil y la inestabilidad económica a la que nos enfrentamos".