La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio adoptará “alguna medida normativa” en materia de viviendas de uso turístico “porque su proliferación tiene efectos directos sobre el mercado local habitual y permanente”, ya que “está reduciendo la oferta con el consiguiente encarecimiento de la misma”. Así lo trasladó hoy el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia en las Cortes para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura.
Suárez-Quiñones mencionó además los “negativos efectos secundarios que provocan en el corazón de las ciudades”, como el “deterioro de la convivencia vecinal, la proliferación de actividades turísticas y de ocio, que rompen el equilibrio del entorno urbano, la transformación social de las zonas afectadas por la pérdida de residentes y la saturación de las infraestructuras y servicios de la ciudad, entre otros”.
Por ello, avanzó que “se sujetarán a previa licencia los cambios de uso de viviendas existentes” y se establecerá el carácter temporal de esas licencias, para el que su departamento propone un plazo de cinco años. También habló de “habilitar” al planeamiento urbanístico municipal para que pueda identificar las áreas donde la alta concentración de estas VUT “genere problemas de acceso a la vivienda o ponga en riesgo el equilibrio del entorno urbano”; y defendió la incorporación al régimen legal de infracciones y sanciones el supuesto de cambio de uso de vivienda a VUT sin licencia urbanística municipal.
Otra de las medidas será una moratoria para la concesión de licencias a nuevas VUT (en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, durante el tiempo necesario para que un estudio elaborado por la consejería pueda delimitar los ámbitos donde se produzca una saturación de VUT con los consiguientes perjuicios para el acceso a la vivienda permanente).
Las viviendas de uso turístico tomaron protagonismo en una comparecencia que el consejero desgranó en varias materias, dada la amplitud del departamento. Así, además, sostuvo que mientras la Junta “avanza en una reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda”, en cuyo anteproyecto sigue trabajando, se han realizado “importantes modificaciones normativas dirigidas a facilitar el incremento de la oferta en la Comunidad, así como su acceso a los jóvenes y grupos vulnerables y aprovechar al máximo los fondos europeos.
Entre algunas de ellas, destacó las viviendas colaborativas o ‘cohousing’ como nueva modalidad de VPP y posibilitar su edificación en suelos dotacionales, entre las que informó que hoy se ha licitado en la Plataforma de Contratación del Estado las 100 previstas en León, con las que se termina el proceso de licitación. También subrayó que ha posibilitado la promoción de VPP para el uso de terceros en el medio rural y no sólo para la autopromoción o uso propio.
Suárez-Quiñones se refirió, igualmente, a los beneficios fiscales y las “mejoras” introducidas en las ayudas al alquiler, marco en el que hay 318 beneficiarios en el programa de ayuda para arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida.
Plan Tuya
Entre otras medidas, puso énfasis en la puesta en marcha del Plan de Acceso a la Vivienda Para Jóvenes (Tuya), integrado por medidas de ayuda a la compra y al alquiler, para incrementar el parque público de alquiler y beneficios fiscales. Para la compra, de la que se pueden beneficiar jóvenes de hasta 36 años, se estima una reducción en un 20 por ciento del precio de las viviendas de promoción pública, en municipios del medio rural. La previsión de la legislatura es alcanzar las 500, con una inversión de 53 millones de euros y un coste de la reducción de 24.000 euros por inmueble.
Actualmente, dijo, Somacyl está promoviendo 377 viviendas en 21 municipios. En 2023 han terminado las de Aguilar de Campoo (19) y Guijuelo (16) y en 2024 terminarán 92 más en seis promociones. El resto se licitarán en 2024.
Sobre la línea de garantías ‘Mi Primera Vivienda’, que incluye avales del 17,5 por ciento del préstamo hipotecario para facilitar la compra de vivienda libre o protegida, en cualquier municipio, la previsión de legislatura es de 5.000 avales, con ocho millones de euros y un precio de hasta 240.000 euros. Hasta ahora se han tramitado 2.809 solicitudes y se han formalizado más de 609 hipotecas bajo esta fórmula.
El consejero se refirió también al “impulso” del programa Rehabitare. En estos dos años se han intervenido en 450 de ellas (por un importe de 20,8 millones) previéndose hasta el final de la Legislatura intervenir en otras 294 (por un importe de 26,1 millones).
En cuanto a la mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler cuando sus destinatarios sean jóvenes, Suárez-Quiñones expuso que la previsión de esta legislatura es alcanzar los 20.000 jóvenes, por importe de 50 millones de euros. Además, se suma la gestión de la convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda de hasta 250 euros al mes durante dos años para jóvenes con ingresos hasta tres veces el IPREM, con un balance hasta ahora de 3.827 jóvenes y un desembolso de 21,6 millones.
Parque público de alquiler
El consejero también detalló que su departamento está incrementando el parque público en alquiler mediante varias políticas. La primera de ellas es la construcción de viviendas, con 1.088 en cohousing, por 150 millones (54,4 de ellos de fondos UE); la segunda, la compra de un centenar de viviendas por 10 millones de euros cofinanciados; la tercera, la rehabilitación de 560 inmuebles por 50 millones; las mencionadas de Rehabitare; la rehabilitación -con criterios de eficiencia energética- de viviendas titularidad de la Junta para su incorporación y destino al parque público de alquiler social; 133 de los camineros, por 18,8 millones (Fondos REACT-UE) y otras 137 viviendas en Villalón de Campos, Ólvega, San Pedro Manrique y en Valladolid-Puente Colgante.
Dinámica industrial
Por último, el consejero anunció la puesta en marcha del nuevo programa de vivienda para localidades en zonas del medio rural con dinámica industrial o de servicios en alquiler, que anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Debate de Política General celebrado el pasado mes de junio.
Se trata de zonas del medio rural con dinámica industrial o de servicios que “pueda verse frenada por falta de vivienda, lo que afecta no sólo a la actividad económica en el medio rural sino a la fijación de población”.
En ejecución de este programa, que está ultimando la documentación jurídica correspondiente, se prevén construir inicialmente unas 250 viviendas sostenibles de promoción y titularidad pública para alquilarlas a empresas y grupos de empresas que se adhieran al programa, a fin de que se las faciliten a sus trabajadores. Se trata de viviendas levantadas sobre terrenos preferentemente de titularidad municipal. “Es un sistema sin esfuerzo presupuestario, sino con un modelo financiero que permita su sostenibilidad al margen del presupuesto de la Comunidad”, defendió.
De inicio, la Junta plantea lugares como Aguilar de Campo, Guijuelo, Ólvega o la Ribera del Duero, y otras zonas a determinar en función de la demanda de las empresas, con una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030.
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