El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acusó este miércoles al Partido Socialista de crear “polémica interesada, zozobra y confusión” sobre las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León para “tapar la buena política y sus fracasos, con el del Bono Joven de Pedro Sánchez”.
Después de que la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, le acusara el lunes de “reírse de las familias” de la Comunidad con la nueva convocatoria de ayudas al alquiler, de las que están pendientes más de 25.000 personas, cuando no se ha resuelto aún la correspondiente al ejercicio de 2022, Suárez-Quiñones puntualizó este miércoles que “no hay que esperar a resolver unas para convocar otras”.
En este sentido, el titular del área de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio explicó que el Gobierno autonómico publicará este mes la resolución de las ayudas del 2022, que “se comenzarán a pagar en los siguientes diez o quince días”. Al mismo tiempo, “se ha sacado la convocatoria de nuevas ayudas” que “llegarán a todas las personas que lo soliciten y justifiquen” y para las que “se ha incrementado el porcentaje”, de manera que “se pagará el 60% de la renta y hasta el 75% en el caso de los jóvenes del medio rural”.
Para el consejero, las críticas hechas por el PSCyL tratan de impulsar “una polémica interesada y artificial para intentar tapar el fracaso de las ayudas del Bono Joven de Pedro Sánchez”, que “llegó a uno de cada cuatro jóvenes” y del que además aseguró que fue la Junta quien “tuvo que tramitar y ejecutar las ayudas”, lo que supuso “un trabajo añadido” por el que el Gobierno autonómico “ha llegado hasta octubre con la resolución de las propias”.
En cuanto a la próxima convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones explicó que será “más sencilla”, de forma que “se pedirá la ayuda y se presentarán los recibos a la vez”. Además, a los recurrentes “se les hace más fácil” porque solo tendrán que decir que ya han venido recibiéndolas para no tener que volver a presentar la documentación.
“Se trata de una actuación responsable, favorable al ciudadano y sencilla, que reduciendo las cargas administrativas en favor de una política social, así como algo muy importante para las personas con pocos recursos, para lo que se destina un presupuesto de en torno a 30 millones de euros cuando en 2015 era de 2,9 millones”, concluyó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, convencido de que “eso es lo que no le gusta al PSOE y a los que critican”.