El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró este martes que “no está escrito cuándo hay que resolver las ayudas para el alquiler”, y dejó claro el compromiso de la Junta con este tipo de línea anual, al ser Castilla y León la “única comunidad autónoma no foral” que llega a todos los solicitantes que cumplen los requisitos, precisó.
Juan Carlos Suárez-Quiñones durante la presentación de los datos de la resolución de la convocatoria de ayudas a la accesibilidad del año 2022
Durante la presentación de los datos de la resolución de la convocatoria de ayudas a la accesibilidad del año 2022, Suárez-Quiñones respondió así a las criticas de los sindicatos por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler de vivienda, donde el consejero señaló que este año se han recibido un total de 25.000 solicitudes, lo que supone 5.000 más que la convocatoria anterior.
Explicó que estas ayudas al alquiler se establecen como la primera del nuevo plan estatal de vivienda 2022-2025, que es un plan que se basa en un real decreto a través de un convenio firmado entre la Junta y el Gobierno de España y que fue “más tardío que los anteriores”.
El responsable de la Consejería se refirió también a la “acumulación de convocatorias”, ya que el Gobierno puso en marcha el bono de vivienda joven, el cual fue gestionado por las comunidades autónomas, lo que ha significado tener que gestionar otras 12.000 solicitudes. Además, aclaró que todas ellas tenían que ser resueltas antes al ser compatibles hasta ciertos porcentajes con las ayudas regionales.
En ese sentido, subrayó que la puesta en marcha de una nueva configuración, lo que ha provocado que se cambie la estructura de las ayudas, porque hasta el final del anterior Plan de Vivienda el ciudadano solicitaba dicha ayuda para, posteriormente, comunicarle la concesión y solicitar así la justificación del pago de la renta como trámite previo a producirse la entrega de la cuantía, desgranó.
Es decir, el ciudadano tenía que realizar dos trámites administrativos, pero, con la nueva configuración, el solicitante aportará directamente los justificantes de pago y la carga burocrática se reduce, lo que también mejora la gestión a la propia administración. Una nueva configuración “que ha llegado para quedarse”, añadió Suárez-Quiñones.
