La Junta acata imponer el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, aunque duda del “rigor científico” con que se ha tomado esta medida. A esta hora, espera todavía recibir la orden comunicada del Ministerio de Sanidad para llevarla mañana a la reunión del Consejo de Gobierno, trasponerla mediante un acuerdo del Ejecutivo autonómico, con el fin de publicarla posteriormente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), ya que el Gobierno no la enviará al Boletín Oficial del Estado (BOE), para que se aplique “a la mayor brevedad posible” en la Comunidad.
La mascarilla será de uso obligatorio en los centros de salud y hospitales de Castilla y León “desde el viernes”, previsiblemente. La Junta recibió hoy, pasadas las 19 horas, la orden comunicada del Ministerio de Sanidad de actuaciones coordinadas, por lo que se incluirá en el orden del día del Consejo de Gobierno de mañana, que deberá adoptar un acuerdo para que pueda publicarse como tal en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), según informaron a Ical fuentes sanitarias.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, compareció este miércoles en la sede de su departamento en Valladolid para informar de los pasos que adoptará la Comunidad en relación a la decisión de la ministra Mónica García de establecer la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios como respuesta a la epidemia de infecciones respiratorias agudas. Entre críticas al Ministerio por la forma de proceder, en lo que considera una invasión de competencias de la Comunidad, defendió que por respeto institucional esta medida se aplicará de inmediato.
“Realmente nosotros no estamos por supuesto, en contra del uso de las mascarillas. Es más, hemos predicado con el ejemplo”, insistió el consejero de Sanidad, quien recordó que desde que en julio se retiró la obligatoriedad de utilizarla en los centros sanitarios, la Junta ha recomendado su uso, incluso ampliando las áreas más sensibles para proteger a las personas vulnerables. Esto, dijo, contrasta con la actuación de la ministra, a la que acusó de estar “de vacaciones” esta Navidad, mientras ellos trabajaban para “salvaguardar” la salud de las personas de la Comunidad.
“Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en el tema de las mascarillas”, apostilló, pero insistió en que han “echado de menos" el rigor científico que requiere a su juicio la obligatoriedad de la mascarilla. Recordó que la ministra lo avanzó en una serie de entrevistas antes del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del lunes, al que además denunció no se acudió ya con un documento oficial de Sanidad, lo que señaló no es "de recibo”.
De esta forma, Alejandro Vázquez argumentó no entender tampoco la “urgencia” de adoptar esta medida, más aún cuando hasta esta mañana no se ha hecho una revisión de la situación epidemiológica de España en la Ponencia de Alertas, lo que además -dijo- ha revelado que la incidencia es similar a la de los años previos a la pandemia de la COVID-19. En este caso, la Comunidad presenta una tasa de infecciones respiratorias agudas de 1.477 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 1.508 de la última semana de 2023.
Por tanto, Alejandro Vázquez reconoció que tenía “sus dudas” de que esta medida del Ministerio haya tenido el "rigor necesario" porque se decidió antes de evaluar la incidencia acumulada de los territorios, así como la situación asistencial.
Además, explicó que se apuesta por la obligatoriedad con unos datos similares a los de la semana previa y con la paradoja de que en Castilla y León si se produce otro descenso de la incidencia la próxima semana, se podría levantar su uso a los pocos días de entrar en vigor.
En el caso de los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, aseguró no entender por qué el Ministerio decide que en los recursos sanitarios, centros de salud y hospitales, sea obligatoria la mascarilla, pero no en los que se atiende a estas personas mayores. No obstante, apuntó que se establece su uso tanto por parte de quienes tienen síntomas, como de sus cuidadores, por lo que a su juicio “es posible” que “no se necesite más” dada la situación epidémica.
No obstante, reconoció que Sanidad ha aceptado las alegaciones que remitieron sobre la modulación entre la obligatoriedad y al recomendación según el estado epidemiológico en cada una de los territorios y la retirada de la exigencia de poner en marcha planes de contingencia, algo que indicó llevan haciendo más de 20 años. También celebró que se haya aparcado la propuesta de las “autobajas” de tres días, al no tener una idea “clara” el Gobierno.
Por otra parte, el titular de Sanidad expresó su discrepancia con el “funcionamiento” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que recordó ha trabajado durante más de 20 años mediante el “consenso” y el “diálogo” entre el Ministerio, fuera cual fuera su “color político”, y las comunidades. Además, manifestó su temor de que si se mantienen las prácticas actuales de Mónica García se “dinamite” este órgano y se acabe con uno de los “pilares” de la mejora del sistema sanitario español a través de la “cogobernanza”.
Finalmente, el consejero indicó que esperan leer con detalle la orden comunicada del Ministerio para determinar su aplicación y analizar si existe una invasión de competencias y, por tanto, algún aspecto que deba ser recurrido, si bien indicó que no podía pronunciarse al respecto al no haberla recibido.