El servicio quedó en situación alegal en el año 2012, cuando expiró el contrato suscrito en su día para su gestión con la empresa concesionaria, Aupsa-Begar, sin que hasta la fecha se haya conseguido elaborar y aprobar un nuevo pliego de condiciones. El TUP está generando un déficit anual del orden del millón de euros, que se afronta desde las arcas municipales con reconocimientos extrajudiciales de crédito.
En 2016, PSOE y Ponferrada en Común propusieron iniciar los trámites para municipalizar el servicio, opción rechazada en sesión plenaria.