El actual equipo de gobierno de Cacabelos/ Fotos: Mario de la TorreEl gobierno de Cacabelos ha pedido esta mañana de jueves "la dimisión en bloque del PP o en su defecto de su portavoz, Adolfo Canedo" por "seguir generando deuda dos años después de su mandato" y por su "inacción en sus cuatro años de gestión". Son aproximadamente 250.000 euros el dinero que el Ayuntamiento tendrá que abonar en solicitud de ejecución forzosa después que el Tribunal Superior de Justicia desestimase el recurso contencioso impuesto por el Consistorio por las obras del cementerio municipal.
"Tenemos que hacer frente a pagos que nos imposibilitan a llevar a cabo los proyectos de desarrollo de este municipio por las nefastas consecuencias del mandato del PP", señala la portavoz de Izquierda Unida, Susana Villa que recalca "el agujero económico que supondrá hacer frente a este gasto". Villa, ha señalado "la política carente de argumentos del PP" y exigen explicaciones de la sentencia "dura y clara" que la ha generado el PP "de manera caprichosa".
250.000 euros que es el resultado de la suma de 200.000 euros-lo que costó la ampliación del cementerio- más el levantamiento del nuevo muro de piedra, a la que se añadirían las indemnizaciones pertinentes. La sentencia viene a raíz de que Adolfo Canedo "usurpó 173,6 metros a mayores". "Algo que en su día se hubiese resulto con aprioximadamente 3.796,12 euros hoy va a suponer llegando a un buen acuerdo unos 50.000 euros", afirman desde el Consistorio. Además, la portavoz de Izquierda Unida recalca que ya en su día "la ley marcaba que no se cumplía la distancia mínima de 100 metros del suelo urbano que no se dejaron", según el art. 36.4 del Decreto de la Junta de Castilla y León 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León.
El alcalde, Sergio Álvarez criticó el “comportamiento megalómano” de su predecesor en el cargo. “Se creía omnipotente mientras gobernó”, aseguró en referencia a Canedo, del que dijo que “no le importa Cacabelos ni su gente”.
Además, desde el Gobierno piden explicaciones sobre " el comportamiento dictatorial del PP y las razones para imponer una obra sabiendo de su ilegalidad" y recalcan que "el abono del coste de la sentencia sea del propio bolsillo del PP", ya que ya se supera "más del medio millón de deudas por culpa del anterior mandato". Asimismo, el problema de localización del cementerio persiste y Villa señala que "habrá que emplazar el cementerio a otro lugar, para no destrozar el yacimiento de La Edrada".