El berciano Ramón Blanco Balín (ileon.com)El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 21 investigados en la pieza del caso Gürtel por las presuntas irregularidades en la localidad madrileña de Arganda del Rey y ha impuesto unas fianzas cercanas a los 80 millones de euros para varios de ellos como Francisco Correa, su mano derecha Pablo Crespo, el empresario de la construcción Fernando Martín o el abogado berciano Ramón Blanco Balín (75 millones). El otro berciano que será juzgado es el empresario José Luis Martínez Parra, hijo del histórico ya fallecido José Luis Martínez Núñez, y administrador de la empresa Teconsa.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda llevar también a juicio, como responsables civiles subsidiarias, a las mercantiles Special Events SL, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico SL; Servimadrid Integral SL, Teconsa, Constructora Hispánica SA y Martinsa, además de a otras tres personas físicas como partícipes a título lucrativo.
La denominada pieza separada "Arganda del Rey" indaga las actividades desplegadas por los investigados, entre los años 1998 hasta febrero de 2009, dirigidas a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las Entidades Municipales de dicha localidad.
Los hechos serían constitutivos, según la resolución judicial, de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
El procedimiento se dirige contra Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas, Amando Mayo y Joaquín Martín Vasco.
Actividad depredatoria
De la Mata relata en el auto de apertura de juicio oral, de 166 páginas, al referirse al delito de fraude contra las administración pública, que los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento. Para ello, afirma, intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la "actividad depredatoria" que entre todos realizaron.
Así, el magistrado describe que el exalcalde Ginés López, junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández caballero, contaban con una privilegiada posición en la entidades públicas de Arganda, lo que les daba competencias muy relevantes en el área de contratación pública y permitía a la organización asegurar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda".
Para ello, continúa, no dudaron en diseñar un complejo plan, cuya implementación vigilaron de forma cuidadosa desde sus distintas posiciones administrativas para conseguir sus fines, alterando el procedimiento de contratación y causando "enormes perjuicios al ente público".
Otros investigados, señala De la Mata, como César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond Triana, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García, desde las posiciones públicas que ostentaban, colaboraron con los designios de los anteriores en los distintos procesos de contratación evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.
Por su parte, los investigados Correa, Crespo, Jordán y Collado Serra, según el auto, participaron armando todo el plan, "corrompiendo activamente a los anteriores con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses".
Otros, por último, como García Pozuelo, Martínez Parra, Martín Álvarez, Salinas Lázaro, Mayo Rebollo o Blanco Balín contribuyeron decisivamente para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados y, para ello, presentaron sus ofertas amañadas, sabiendo que les serían adjudicadas, con precios desorbitados, plazos de incumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos. "Y para ello -añade el juez- prometieron y abonaron con las distintas metodologías indicadas, las comisiones millonarias que habían comprometido con Correa y su Grupo, que estos se repartieron ellos mismos y las indicadas autoridades".
Según el auto Ramón Blanco Balín habría conveniado con Francisco Correa, Pablo Crespo, Ginéz López y Benjamín Martín Vasco el cobro de una comisión de 25 millones de euros por la adjudicación de las parcelas integradas en la unidad de ejecución 124 pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta comisión habría sido pagada por Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo con motivo de la adjudicación a favor de Martinsa, conociendo que iba a ser distribuida entre al menos los investigados anteriormente referidos. Por ello les impone a todos ellos fianzas millonarias por las multas que les corresponderían en caso de ser condenados.
Para Martínez Parra la fianza asciende a 2,3 millones de euros, de los que deberá responder solidariamente con su empresa y otros imputados, por adjudicaciones presuntamente irregulares de las obras de una guardería y dos tramos de carreteras "a pesar de no cumplirse los requisitos legalmente establecidos para ello", según reza el apertura de juicio oral. El empresario será juzgado el año que viene en la pieza de la 'Visita del Papa' a Valencia por la que se enfrenta a 26 años de cárcel y también será juzgado en la pieza 'Boadilla' con una petición de 9 años de prisión.
La resolución del juzgado central señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano encargado del enjuiciamiento de esta pieza y da un plazo de veinte días a acusados, responsables civiles y partícipes a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa.