El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, responde a la situación que vive el consistorio con respecto a la deuda de más de siete millones de euros que reclama la empresa FCC. "El tres de octubre de 2022, la empresa presenta un escrito en el que dice todas las cantidades que entiende que se le deben. Nosotros como equipo de Gobierno, que lo éramos en ese momento, pedimos una prórroga de seis meses para analizar al detalle el escrito. Esa prórroga finaliza estando ya el nuevo equipo de Gobierno, llevaba ya dos meses gobernando, y son ellos quienes solicitan otra prórroga de seis meses porque no se ha terminado de examinar esa liquidación del contrato". Así lo ha asegurado este martes Olegario Ramón.
También asegura que FCC, el pasado mes de abril, "les pide que procedan a la liquidación del contrato". Olegario denuncia que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Ponferrada todavía "no les ha comunicado si están de acuerdo con la liquidación que se presenta, si no están de acuerdo o si la cuantía debe ser otra". "Nosotros ahora mismo desconocemos si esa labor de examen de documentación por parte del Ayuntamiento está finalizado".
Cabe destacar que hace apenas unos días, el concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández, indicaba que se estaba estudiando cómo hacer frente a una cantidad tan importante, mientras que la socialista Mabel Fernández recordaba que gran parte de esos costes provienen de la famosa huelga de la basura de 2016, que gestionó Gloria Merayo, asumiendo las peticiones de la empresa que suponían un incremento de casi un millón de euros más al año sobre el contrato vigente.
Así, Ramón niega que la mayor parte de esa deuda se generase durante su mandato, como dijo este lunes el concejal de Medio Ambiente. El socialista recordó que este asunto deriva de la huelga que los trabajadores de FCC hicieron en 2016 y que se resolvió después de que se alcanzase un acuerdo con la compañía mediante el cual el Ayuntamiento de Ponferrada asumía los sobrecostes, especialmente aquellos derivados del personal. “Hay dos acuerdos plenarios, uno del 28 abril y otro del25 de agosto de 2017. En ellos se acordó que ese sobrecoste que suponía el acuerdo lo asumía el Ayuntamiento de Ponferrada. Esos acuerdos plenarios dicen literalmente que los efectos económicos que pudieran derivarse se cuantificarán en la fase de liquidación del contrato, es decir, una vez que acabase ese contrato, que fue en agosto de 2022”, explicó Ramón.
El portavoz del PSOE continuó explicando que el 3 de octubre de 2022 fue cuando FCC presentó un escrito con las cantidades que se le adeudaban, una vez hecha la liquidación del contrato, como se había estipulado. “A partir de ahí hay que examinar que esa documentación sea correcta y es una cantidad de documentación ingente. Por eso pedimos una prórroga de seis meses para hacerlo. Esa prórroga finaliza ya estando el nuevo equipo de Gobierno y ellos solicitan otra prórroga porque no se ha terminado de examinar. Esa segunda acabó en marzo de este año y en abril la empresa pidió la liquidación. A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha dicho si están o no de acuerdo con esa liquidación”, afirmó Ramón.
Por otro lado, el PSOE detalló las cantidades que aparecen en esa documentación. El mayor importe de la deuda, casi seis millones de euros, corresponde a los costes de personal “que la alcaldesa de entonces se comprometió a pagar”. Otros 711.000 euros son de la revisión de precios. En cuanto a reparaciones de vehículos, FCC reclama 315.000 euros “de los cuales 195.000 corresponden a reparaciones hechas bajo el mandado del PP”, dijo el socialista. También, estimó en 59.850 euros el precio del alquiler de un recolector de carga trasera. Por último aparecen casi 16.000 euros por la sustitución de contenedores. “La inmensa mayoría del dinero que nos reclaman tiene que ver con los acuerdos plenarios del PP en 2017”, insistió Ramón.
“Para evitar que un equipo de gobierno posterior se encuentre con una deuda tan importante como ésta es por lo que en la misma situación, con una huelga similar y cerca de unas elecciones, nuestro equipo de Gobierno dijo una y otra vez que no asumirían un solo euro del acuerdo que alcanzasen. No era hablar por hablar, era porque conocíamos las consecuencias de asumir eso para quitarte un problema político. Priorizamos el patrimonio de la ciudadanía y nos pasó factura electoral”, continuó el portavoz del PSOE.
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