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Los abogados y procuradores del turno de oficio comienzan desde este martes una huelga nacional indefinida "tras años de trabajo arduo no remunerado sin reconocimiento social, ni vacaciones, no derecho a cotiación".
Abogados y procuradores de Ponferrada han denunciado este martes frente a los Juzgados la situación que sufren que al sostener "con su dinero un servicio esencial como es el de la justicia gratuita sin que se les reconozcan derechos laborales básicos".
A través de esta huelga nacional los abogados y procuradores pretenden denunciar la situación que viven, en la que afirman costean la infraestructura de la asistencia jurídica gratuita "atendiendo a los solicitantes en nuestros despachos, desplazándonos con nuestros medios a juicios, a declaraciones de testigos, a registros domiciliarios, a dependencias de los cuerpos de seguridad a cualquier hora del día y de la noche".
Entre sus reivindicaciones solicitan la regulación jurídica del profersional del turno de oficio, retribuciones dignas con su abono en tiempo y forma, retribuciones de las actuaciones realizadas para los que hemos sido designados y de los tiempos de disponibilidad, abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio, ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica debería ser la Adminsitración la que pague al profesional y reclamar al ciudadano, actualizacion anual de las retribuciones conforme al IPC, cotización de la Seguridad Social con efectos retroactivos por todos los años trabajados sin que la Adminsitración haya cotizado por los profesionales del turno de oficio, derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión y la formación gratuita.
Alejandra Azcorra, portavoz de la huelga y letrada ejercientes del Colegio de Abogados de León, explica que por el momento "no ha habido ningún contacto con el Ministerio" y denuncia que esta situación "le sale rentable porque los que prestamos el servicio de contenido esencial y los que desarrollamos el derecho a la tutela judicial efectiva de los más vulnerables somos nosotros".
Acerca de los servicios mínimos de esta huelga, que tendrían que fijar desde el Ministerio, están siendo "asumidos voluntariamente por los propios afectados", que señalan que no pretenden "poner en peligro los derechos del justiciable que necesita asistencia inmediata". De esta manera "la asistencia al detenido está garantizada".
